Pese a que el alcalde de León, José Antonio Diez, ha dicho por activa y por pasiva que se va a impedir desde el punto de vista administrativo y pese a que el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha dicho que "si la gente no lo quiere, no se hará", el Gobierno de España sigue diseñando el proyecto que cubriría los raíles de Feve entre el apeadero de La Asunción y la estación de Padre Isla para permitir la circulación de un autobús eléctrico. Pese a que desde los despachos se insiste en que sería una solución provisional y que los raíles podrían descubrirse si alguna vez se retoma el plan inicial de poner en servicio el tren‑tranvía, lo cierto es que en la calle son mayoría absoluta quienes creen que el asfalto llegaría para quedarse.
Es por eso que frenar esta actuación se ha convertido en la máxima prioridad de la Plataforma en Defensa de Feve, que de forma paralela sigue insistiendo en que hay soluciones y tecnologías para completar el proyecto original y rechaza que se entierre la inversión acometida desde el año 2011. En este sentido, la documentación facilitada por Adif a través del Portal de Transparencia a raíz de una solicitud del colectivo de usuarios refleja que dicha inversión rozaría los 21 millones de euros. Concretamente, el listado arranca con los 16 millones para la obra de la plataforma tranviaria entre el apeadero de La Asunción y la estación de Padre Isla. Además, se contemplan los 3,1 millones destinados a urbanizar los terrenos anejos al que debería ser el punto de salida y llegada de los trenes. Y Adif ha destinado durante estos años 1,77 millones en la adquisición de seis parcelas y dos edificaciones en ese mismo sector, además de 100.000 euros para proceder a la demolición de las mismas.
Otro dato llamativo de la resolución proporcionada por Adif a la Plataforma en Defensa de Feve es que no constan informes ni auditorías sobre la ejecución del convenio marco que firmaron en el año 2010 el entonces Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de León y que marcaba la hoja de ruta para realizar todas estas actuaciones. Además, el organismo estatal reduce a entre 6 y 6,5 millones de euros los beneficios de la operación urbanística en el entorno de la estación de Padre Isla, una cifra muy lejos de los casi 40 millones que se calculaban en 2010. En este sentido, la resolución defiende que la cantidad publicitada entonces se refería a los ingresos totales derivados de la venta de las 146 viviendas previstas y no a las plusvalías para las arcas estatales.
Con toda esta información sobre la mesa, desde la Plataforma en Defensa de Feve explican que a esos 21 millones habría que añadir los destinados a la remodelación y ampliación de la estación de San Feliz de Torío, planteada como base de operaciones para los trenes turísticos y cuyo cocherón sigue inutilizado. La inversión se situó en cinco millones de euros. Además, habría que añadir las indemnizaciones por la paralización —durante la época del PP en el Gobierno— de los ramales previstos entre Santo Domingo y la estación de Matallana y entre la calle Peligros y el Hospital. Esto supuso 204.000 euros.
Finalmente, en materia de infraestructuras, habría que tener en cuenta los 500.000 euros abonados al Ayuntamiento de León para financiar medidas de mejora del aislamiento y la eficiencia energética en edificios residenciales colindantes con el corredor de Feve, así como medidas de mejora del impacto acústico y de los espacios libres del corredor.
Por otra parte, entrando ya en las inversiones por parte de Renfe, la plataforma considera que hay que incluir en la factura las partidas destinadas a la compra del nuevo material rodante, que nunca llegó a León y que se ha vendido para prestar servicio en Méxiico o sigue pudriéndose en la fábrica de Stadler en Valencia. En este sentido, cabe recordar que en 2010, durante la etapa del socialista leonés Ángel Villalba al frente de Feve, se encargaron inicialmente cuatro trenes‑tranvía por 18,4 millones de euros. Poco después, el pedido se incrementó con cuatro tranvías más, con una inversión prevista de 14,2 millones, además de otras unidades para renovar líneas de vía estrecha. El total ascendió a 28 convoyes y casi 70 millones de euros.
En 2013 —ya con el PP en el Gobierno— se inició una revisión de oficio del contrato y en 2017 se declaró la nulidad del mismo por representar una modificación sustancial del objeto del contrato. Más tarde, la empresa pleiteó y la Audiencia Nacional determinó que el proceso fue "contrario al interés público". El Tribunal Supremo desestimó el recurso en 2021 y hubo que liquidar el contrato.
Sin embargo, no todo el importe llegó a pagarse. Un informe del Tribunal de Cuentas refleja que al cierre de 2012 se habían abonado 2,7 millones por los trenes‑tranvía y 2,3 millones por los tranvías. Además, se adeudaban 11,2 millones de trabajos ya realizados y había otros nueve millones en facturas no aceptadas. En definitiva, se habían pagado apenas cinco de los 32,6 millones previstos para el nuevo material rodante.
Todo esto hace que la inversión que el Ministerio de Transportes quiere echar por tierra con el autobús eléctrico se sitúe en un total de 32 millones de euros. En este sentido, desde la Plataforma en Defensa de Feve aseguran que "la dejadez y falta de valentía de la clase política leonesa ha permitido el derroche de estas cantidades para un tren que ha perdido tres cuartas partes de sus viajeros y por el que se gastan cada día de media 600 euros en taxis de sustitución". "La única solución posible pasa por la conclusión de la integración iniciada en 2011, que es viable", agregan antes de recordar que este sábado se convoca a la ciudadanía leonesa a realizar un corte simbólico de tráfico entre las 13:30 y las 14:00 horas. "Además, dada la proximidad de las elecciones autonómicas, animamos a los leoneses y leonesas a interesarse por la magnitud y el sinsentido de este proyecto fallido y a tener en cuenta las responsabilidades políticas y personales de nuestros dirigentes a la hora de ejercer su derecho al voto", concluyen.