La denominada 'Operación Baco', desarrollada por el Seprona de la Guardia Civil en 2019, destapó una red que presuntamente comercializaba vino de otras procedencias como si estuviera amparado por denominaciones de origen protegidas como la DO Bierzo para venderlas a un precio superior. Siete años después, el caso se juzgaba este lunes en la Audiencia Provincial de León, donde finalmente se ha suspendido la vista hasta dentro de tres meses tras alcanzarse un acuerdo parcial entre las partes.
La Fiscalía reclamaba hasta 21 años de prisión para los principales responsables, en un caso con siete acusados a título individual, más otras cuatro empresas, principalmente sociedades limitadas, a las que se les reclama también responsabilidad civil por la presunta comercialización fraudulenta del vino tanto en el interior de España como en el exterior.
Dos de los acusados han rechazado el acuerdo planteado por el Ministerio Fiscal y negociado en la mañana de este lunes en la propia Audiencia Provincial, que contemplaba una rebaja de las penas de prisión, pero mantenía indemnizaciones millonarias para los cabecillas de la trama. Así, el juicio se celebrará para los dos acusados que rechazaron el acuerdo, en una vista señalada por la sala para el 18 de febrero de 2027.
La investigación de los hechos se inició a finales de 2018 tras una denuncia del Consejo Regulador de la DO Bierzo por irregularidades detectadas en varias contraetiquetas. El Seprona tomó las riendas de la investigación y sus pesquisas permitieron descubrir un entramado empresarial que habría introducido en el mercado nacional e internacional cerca de dos millones de botellas con distintivos falsificados, haciéndolos pasar por vinos de la DO León y otras marcas de calidad.
La trama también habría recurrido a registros de embotelladores y documentación falsificados, además de utilizar las instalaciones de una bodega situada en Cabañas Raras como parte de la operativa. Durante la investigación se realizaron 11 registros en las provincias de León, Ourense, Lugo y Pontevedra, en los que se intervinieron cientos de miles de contraetiquetas falsas, documentación y 335.000 euros.
El procedimiento contempla presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, falsificación de certificados, contra la propiedad industrial y contra la salud pública.
La operación fue desarrollada y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Ponferrada y Fiscalía de área de Ponferrada, siendo instruidas las diligencias por el Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con el Seprona y Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Ourense, Lugo y Pontevedra, así como personal de la DO Bierzo, Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León e inspectores de defensa de Fraudes y Calidad Alimentaria de la Consellería de la Xunta de Galicia.
Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.