El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha cargado este martes contra el alcalde, José Antonio Diez, por "no hacer absolutamente nada” para cambiar la actual situación de la ORA, cuya concesión finaliza en junio de 2027. Los leonesistas han defendido la municipalización de los aparcamientos públicos que están hoy en manos de Eulsa y Telpark y han advertido de que no preparar con antelación el relevo del actual modelo podría suponer "un perjuicio económico" para las arcas municipales.
La formación leonesista presentó la semana pasada una moción, que deberá debatirse en pleno en junio, para pedir la municipalización del servicio y encomendar su gestión al ILRUV, una sociedad municipal que, según UPL, podría asumir esta función mediante “un simple cambio de sus estatutos”. El grupo sostiene que esta fórmula permitiría un “importante ahorro” para el Ayuntamiento sin que ello supusiera una merma en la calidad de la gestión.
UPL ha señalado que no se opone a la elaboración de los informes técnicos necesarios y recuerda que la moción fue abordada en la Junta de Portavoces del pasado mes, donde se acordó que pasara por la comisión correspondiente para ser dictaminada a la vista de esos informes y poder elevarse al Pleno previsto para finales de junio.
Sin embargo, los leonesistas consideran que lo que “no tiene un pase” es que el alcalde pretenda continuar en la situación actual sin adoptar medidas antes del final de la concesión. A juicio de UPL, si el asunto se deja para después de las elecciones municipales de 2027, como argumenta José Antonio Diez, entre los comicios, la toma de posesión y la constitución del nuevo gobierno, "se podría llegar a una prórroga del contrato “sine die” en las condiciones actuales".
Los leonesistas han advertido de que no permitirán que la situación de la ORA “se enquiste”, como, a su juicio, está ocurriendo con la concesión de los autobuses y podría suceder con otros servicios como el mantenimiento de la ciudad o el aparcamiento de San Marcelo. Según UPL, "as prórrogas injustificadas benefician únicamente a las empresas privadas y perjudican al erario público, además de incumplir la legislación vigente"