La pobreza invisible que se ve en el grifo

En el debate político de los últimos tiempos se ha introducido la necesidad de obligar por ley a las compañías eléctricas que no corten el suministro a las familias que no pueden pagar la factura de la luz o el gas. Es una consecuencia más de la profunda crisis económica que ha azotado al país desde hace casi una década, y que ha sido perfectamente estudiada y atendida por ONG como Cáritas o Cruz Roja. Pero pocas veces se ha hablado de las dificultades de los españoles para abonar el coste del agua potable, quizá porque se desconoce el dato de personas que no pueden hacer frente a este gasto, o quizá porque el coste suele inferior.

En este contexto, el Procurador del Común ha elaborado un informe de oficio en el que analiza esta situación en la comunidad, y aunque no detalla el número de castellanos y leoneses que podrían estar en esta situación, sí advierte de que los ayuntamientos de más de 2.500 habitantes no tienen una guía fidedigna a seguir para evitar estas situaciones. Es precisamente esta conclusión la que más debería preocupar a las administraciones públicas, puesto que según se resalta, los municipios "aplican protocolos de actuación aislados", pero no siguen fielmente "un patrón que garantice este derecho básico en situaciones excepcionales".

En el documento se afirma que resulta básico para conocer este problema la actitud de los consistorios y de las empresas privadas
Se trata además de una materia polémica, porque en muchos ayuntamientos la gestión del agua potable pertenece a empresas mixtas. De hecho, en el informe se especifica que "resulta básico en el conocimiento del problema no solo la actitud de los ayuntamientos, sino también la de las empresas concesionarias del servicio".

La respuesta de los municipios a la información requerida por el Procurador ha sido desigual. Por una parte, sólo cuatro ayuntamientos de la comunidad de más de 2.500 habitantes "afirmaron que no existían problemas de pobreza energética en relación con este suministro de agua potable en sus municipios".

Sí que detecta las exenciones que establecen algunos consistorios, como el de León, que bonifica "a los establecimientos benéficos legalmente reconocidos, dedicados a la acogida y alojamiento de personas con escasos recursos, además de familias y pensionistas con determinados límites de ingresos, pero siempre que sean titulares del recibo y hasta un determinado límite, que fija en 20 metros cúbicos trimestrales". "A iguales consideraciones de exigencia de contador individual alude el Ayuntamiento de Villaquilambre, que lo fija en los primeros 20 metros cúbicos trimestrales y el de Villablino en 10 metros cúbicos mensuales".

En la provincia de León hay algunos ayuntamientos con ciertas exenciones, como son los de León, Villaquilambre y Villablino
Sí que está claro en el documento facilitado por este organismo presidido por Javier Amoedo que en general no hay dificultades de accesibilidad física al abastecimiento de agua en los domicilios, ya que la tónica habitual es que todas las viviendas tengan el suministro perfectamente construido, excepto en el caso extremo de "infraviviendas".

Otro aspecto destacado del informe es que acude a entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para destacar que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar las necesidades básicas. También se recuerda "el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para su uso personal y doméstico", tal y como establece la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU.

Por otra parte, el Procurador del Común especifica que la Junta no atiende a esta necesidad dentro de la Red de Protección a las familias de Castilla y León, ya que la prestación para las personas con vulnerabilidad «no puede cubrir las situaciones de pobreza hídrica, puesto que el abastecimiento de agua potable es un servicio público, que se retribuye mediante el abono de unas tasas", algo que la normativa actual "excluye expresamente que se pueda destinar esta ayuda a liquidar deudas contraídas con las administraciones públicas".

El organismo recomienda que haya intercambio de información entre servicios sociales y departamentos de cobros o las empresas
Para evitar estas situaciones, y a modo de conclusión, el Procurador ofrece una serie de "recomendaciones" a los ayuntamientos de la comunidad. Además de instar a los consistorios a tener el derecho al agua como prioritario cuando se defina y regule una ordenanza o reglamento local, "este suministro básico debe contar con un precio asequible en unos determinados parámetros de consumo y no puede ser inferior al mínimo recomendado por la OMS".

Además, afirma que el derecho a un suministro básico de agua potable debe ser reconocido "a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad". Quizá la clave es otra de las propuestas: el intercambio de información entre los servicios sociales de los ayuntamientos y los departamentos de cobro de la tasa del agua o con las empresas concesionarias.

El Procurador también insta a aumentar las bonificaciones y que se extraiga de la factura otros conceptos como la basura
También insta a las entidades locales a establecer exenciones o bonificaciones "que atiendan a la capacidad económica del obligado al pago", además de que se especifique claramente las posibilidades de suspensión del suministro, además de que se facilite el pronto restablecimiento del servicio.

Otra de las recomendaciones del Procurador es que se puedan fraccionar los pagos, "incluso para deudas muy pequeñas" y, por último, "excluir de la factura del agua todos los conceptos que no estén relacionados con el servicio, como la tasa de basura u otros".