La Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias de la comunidad consensuaron este miércoles una declaración institucional para pedir al Ministerio y a la Unión Europea una Política Agraria Común, a partir de 2027, que mantenga un presupuesto «digno» y separado en dos pilares, apueste por el agricultor profesional, simplifique la burocracia y la condicionalidad reforzada, modifique las medidas medioambientalistas para que tengan un carácter incentivador y exija «reciprocidad» en los controles a los productos que proceden de terceros países, entre otras medidas.
Todo ello tras un Consejo Agrario autonómico que se celebró en la localidad vallisoletana de Medina del Campo y tras el que los firmantes visitaron la feria de maquinaria agrícola Demoagro, que se celebra en las inmediaciones del municipio para mostrar sobre el terreno las principales innovaciones que los vehículos especializados pueden aportar al sector primario.
La consejera de Agricultura, María González Corral, destacó la unidad de la Administración y las organizaciones profesionales agrarias para manifestar «cuáles son las prioridades de Castilla y León para la futura PAC post27».
El documento aborda así, tal y como resumió González Corral, «la necesaria simplificación administrativa, la necesidad de incorporar jóvenes al campo y de priorizar a los agricultores profesionales, de mantener los principios de reciprocidad y los dos pilares que tiene actualmente en la PAC con un presupuesto que sea, al menos, el que mantenemos hasta ahora».
Este documento servirá así como base para «ir trabajando, desde el diálogo», sobre la postura que mantendrá la Comunidad ante el próximo marco financiero plurianual, en la que Junta y opas trasladarán, tanto al Ministerio como a la Unión Europea, «cuáles son las necesidad del campo de Castilla y León».
Postura de las opas
Tras la firma del documento, el presidente de Asaja en la comunidad, Donaciano Dujo, afirmó que los agricultores y ganaderos de Castilla y León «se deben sentir orgullosos de sus organizaciones agrarias y de la Consejería» del ramo por alcanzar un acuerdo con el que «defender los intereses del sector ante el Ministerio y ante la Unión Europea».
Dujo destacó la necesidad de defender «un presupuesto digno» que no solo mantenga los fondos sino que los actualice al IPC, que además se reparta con «criterios de profesionalidad» porque Castilla y León «es una comunidad autónoma con agricultores muy profesionales», y que se haga «sin burocracia ni normas agroambientales absurdas», sino «priorizando el territorio, las condiciones climatológicas y a los agricultores».
A todo ello, el presidente de Asaja unió la necesidad de «defender los productos de calidad» de Castilla y León, que cumplen «con todas las garantías», con la exigencia a los productos de terceros países de que «cumplan las mismas normas medioambientales que se exigen dentro de Castilla y León». Todo ello con el objetivo de «dar rentabilidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas» de la comunidad.
En la misma línea, en representación de la Alianza UPA-Coag, Lorenzo Rivera valoró la unidad de las opas y la Junta para «defender con fuerza las posturas de Castilla y León ante el Ministerio y la Unión Europea» por la llegada de una nueva PAC que es «más importante esta vez» por la «situación complicada de mercados» que atraviesa la agricultura y la ganadería.
Planteó así Rivera una PAC «totalmente diferente» a la actual, que tuvo, desde su concepción, «errores evidentes», según el coordinador de Coag, que llevaron a su modificación. «Es el ejemplo de lo que no hay que hacer y no hay que volver a caer en el mismo error», afirmó.
Finalmente, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, valoró la «generosidad» de todas las organizaciones profesionales agrarias para «ceder» ante las «tensiones y líneas roja» marcadas y que, en su caso, se referían a una PAC «mucho más profesional», que finalmente en el documento no aparece como obligación sino como orientación.
También agradeció que el planteamiento de rebajar los criterios medioambientales, que «en muchos casos, son totalmente absurdos desde el punto de vista medioambiental y agronómico», se haya incluido en el documento, así como la obligatoriedad de certificar en origen a los productos que llegan del exterior, para que «ningún producto que no cumpla los mismos requisitos que cumplimos en la Unión Europea pueda entrar».
Aranceles
Además, González Corral también detalló que el Consejo Agrario de Castilla y León sirvió para tratar la situación ante la amenaza de los aranceles que pueda imponer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los países de la Unión Europea, y tras el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se encomendó a mantener «encuentros bilaterales con cada sector» para exponer los últimos avances.