Cuando en junio de 2024 la Guardia Civil bautizó como ‘Operación Bosar’ la investigación abierta en torno al patrimonio de una vecina de Boñar, el caso adquirió una enorme repercusión por la gravedad de los hechos que se investigaban. Los agentes detuvieron entonces a dos personas por una supuesta estafa que, según las diligencias policiales, podría superar los 250.000 euros.
Dos años después, lejos de haber quedado cerrado, el procedimiento continúa plenamente vivo. De hecho, hace menos de un mes, el Juzgado practicó las declaraciones testificales, una diligencia considerada clave porque por ella pasaron algunos de los principales protagonistas de una historia tan compleja como enrevesada.
La investigación gira alrededor de la gestión económica y patrimonial de una mujer nonagenaria residente en Boñar que, que presenta un importante deterioro cognitivo, graves problemas de audición y una situación de especial vulnerabilidad para desenvolverse en cuestiones administrativas y financieras. Factores que explican cómo terceras personas acabaron asumiendo la gestión de prácticamente todos sus asuntos.
El origen del conflicto
Todo comienza realmente varios años antes de la denuncia policial. Tras el fallecimiento de una hermana de la afectada en Francia, se inició la tramitación de una importante herencia. Aquella gestión derivó en la concesión de poderes notariales a personas del entorno de confianza de la mujer para que pudieran representarla en distintos trámites relacionados inicialmente con esa sucesión.
Sin embargo, según sostiene posteriormente la denuncia presentada por un familiar, aquella representación habría ido mucho más allá del objeto para el que, supuestamente, había sido concebida.
La Guardia Civil recoge que en abril de 2024 un sobrino de la afectada denunció que, desde el otorgamiento de esos poderes notariales, se habían producido numerosas operaciones bancarias cuyo destino y finalidad la propietaria del dinero desconocía. El importe total de esas operaciones podría alcanzar los 250.000 euros como mínimo.
Pocos días antes de esa denuncia, la mujer había revocado ante notario los poderes concedidos.
Las operaciones investigadas
A partir de la documentación facilitada por la entidad bancaria, los investigadores reconstruyeron decenas de movimientos económicos.
Entre ellos, se investigan varias transferencias bajo el concepto de pagos relacionados con una herencia en Francia resultando una cantidad total bastante elevada, así como una operación destinada a la compra de un vehículo de alta gama y otra transferencia de importe muy elevado, dirigida a una de las personas posteriormente detenidas.
Todas esas operaciones forman parte del núcleo de la investigación policial.
Aquellas pesquisas culminaron el 25 de junio de 2024 con la detención del apoderado de la mujer y de su esposa como presuntos responsables de un delito de estafa.
Numerosos recursos
Sin embargo, la evolución judicial del caso ha estado muy lejos de ser lineal. El proceso ha sufrido varios altibajos durante 2 años hasta que ha desembocado en las declaraciones de los distintos testigos.
Un caso aún lejos de resolverse
La práctica de estas diligencias demuestra que el procedimiento continúa abierto y que todavía quedan numerosas cuestiones por esclarecer antes de que el juzgado pueda decidir si existen indicios suficientes para abrir juicio o, por el contrario, archivar definitivamente la causa.
Mientras tanto, la denominada Operación Bosar sigue siendo uno de los procedimientos judiciales más complejos surgidos en la provincia en los últimos años, tanto por el elevado importe económico investigado como por la especial situación de vulnerabilidad de la presunta perjudicada y por la compleja relación existente entre familiares, personas de confianza y profesionales que intervinieron en la gestión de su patrimonio.
Precisamente esa complejidad es la que explica que, dos años después del inicio de la investigación, todavía no exista una respuesta definitiva sobre qué ocurrió realmente con parte del patrimonio de la anciana. Y es ahí donde muchos observadores sitúan el principal problema: los intereses enfrentados —o, en su caso, la mala praxis o la mala fe que pudiera atribuirse a algunos de los profesionales implicados, extremo que corresponderá determinar a la Justicia— han contribuido a prolongar una situación que impide aclarar completamente los hechos y que tampoco permite descartar que la afectada continúe soportando determinados desembolsos económicos mientras el procedimiento sigue su curso.