Tanto el equipo de gobierno como la oposición de la Diputación de León elevaron este miércoles el tono, en una sesión más bronca que las anteriores que estuvo marcada por un prolongado intercambio de reproches entre PSOE y PP por los proyectos que tienen respectivamente pendientes en la provincia el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Además, Gerardo Álvarez Courel, presidente de la institución provincial, denunció el «chantaje» al que se están viendo sometidos por parte de los secretarios e interventores del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), los cuales habrían planteado, tal y como expuso el portavoz popular, David Fernández, que tienen que extralimitarse en sus funciones de apoyo a los ayuntamientos y juntas vecinales.
Entre los servicios que se dejarían de prestar por parte de estos técnicos se encontrarían, según expuso la oposición en el turno de ruegos y preguntas, la emisión de informes jurídicos en expedientes en competencias delegadas por la Junta, la participación en mesas de contratación, la asistencia técnica en procesos selectivos de personal, la elaboración de modelos de expedientes, ordenanzas o pliegos y el manejo de plataformas de gestión. «En una reunión con los secretarios e interventores nos plantean una serie de circunstancias, entre las que las que se encuentraque hacen más labores de las que les corresponden. Somos sensibles a esta problemática y buscaremos una solución satisfactoria para todas las partes, pero no vamos a permitir el chantaje y que cuando se hable con una Administración se manden correos electrónicos a los grupos políticos», expresó Álvarez Courel.
Valentín Martínez, vicepresidente de la Diputación por UPL, también se refirió a esta situación asegurando que los municipios «tengan la tranquilidad» de que los secretarios e interventores del SAM «van a seguir haciendo lo mismo». El leonesista, advirtiendo que «cada uno es responsable de lo que hace», puso en valor el refuerzo del servicio con nuevos puestos, como un arquitecto o técnicos de inteligencia artificial.
Entre otros asuntos abordados en el pleno, no se concretó ninguna acción para potenciar la terminal de carga en el aeropuerto, condicionando esta y otras peticiones a una reunión con el ministro Óscar Puente que ahora el equipo de gobierno de la Diputación espera que se produzca en septiembre. En todo caso, el diputado Octavio González puso en valor el incremento de viajeros desde La Virgen del Camino del 40 por ciento en los últimos años, la ampliación de 900.000 euros anuales en el presupuesto y el hecho de que «a día de hoy sea el principal aeropuerto de Castilla y León».