La euforia del la lotería de Navidad se transformó en incredulidad y tensión en Villamanín. Apenas unos días después de celebrar que el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad había dejado su huella en el municipio leonés, el pueblo se topó con una realidad tan inesperada como amarga: parte del premio no podía cobrarse.
El origen del problema estaba en un error administrativo. La Comisión de Fiestas no habría devuelto a tiempo un taco de 50 papeletas, lo que en la práctica suponía que diez décimos del número 79.432 -agraciado con el primer premio- nunca llegaron a existir oficialmente. Un descuido con consecuencias millonarias: hasta cuatro millones de euros en premios quedaron sin respaldo legal y, por tanto, fuera del alcance de los agraciados.
Ante este escenario, la comisión trasladó a los afectados una propuesta excepcional para tratar de repartir el impacto de la pérdida. La solución planteada pasaba por reducir el importe a cobrar por cada papeleta, con el objetivo de que todos los participantes asumieran de forma conjunta el agujero generado por los décimos no consignados.
Lo que comenzó como una celebración colectiva acabó derivando en un conflicto delicado, en el que no solo estaban en juego millones de euros, sino también la confianza entre vecinos y el futuro de la comisión organizadora de las fiestas.
Tensión, lágrimas y reproches
El 26 de diciembre se celebró una reunión especialmente tensa en el Hogar del Pensionista de Villamanín. Durante horas, vecinos y agraciados se reunieron para conocer los detalles del error cometido y debatir las decisiones a tomar. El encuentro estuvo marcado por discusiones, tensión y lágrimas, con voces críticas que cuestionaban que se tratara de un simple fallo administrativo, frente a quienes intentaban relativizar la situación y atribuirla a un error de la Comisión de Fiestas.
Finalizado el encuentro, la Comisión emitió un comunicado en el que reconoció lo sucedido y pidió disculpas públicamente. «Tras exponer los hechos ocurridos en los últimos días, hemos pedido disculpas por el error que se ha producido en el conteo de las papeletas, aclarando que jamás ha existido ningún tipo de mala fe», señalaban.
Asimismo, anunciaban su decisión de asumir incluso la pérdida de su propio premio con el objetivo de evitar que el error empañara la celebración colectiva. «Vamos a asumir la pérdida de nuestro propio premio, con el fin de conseguir que lo que empezó como una alegría para todo el pueblo lo siga siendo hasta el final».
La Comisión sostuvo también que una amplia mayoría de los presentes había comprendido que la mejor solución pasaba por «ayudarnos entre todos, cobrar cuanto antes, evitar pleitos y no convertir una buena noticia en un conflicto». En ese sentido, aseguraron que ya se estaba trabajando en la búsqueda de «un acuerdo justo, transparente y con todas las garantías legales», que contaría con supervisión judicial y estaría «pensado en el bien común y en el futuro del pueblo».
En busca de soluciones
El 31 de diciembre llegó la segunda nota oficial de la Comisión de Fiestas de Villamanín. En el texto, explicaban que en los días previos se habían mantenido conversaciones con distintos profesionales, especialmente del ámbito jurídico y notarial, con el objetivo de analizar con detalle las diferentes alternativas disponibles para garantizar que «cualquier paso que se dé se haga con las máximas garantías, seguridad y rigor para todas las personas implicadas».
De forma paralela, indicaban que se estaban valorando distintas opciones para habilitar un sistema que permitiera ordenar y centralizar toda la información relativa a las participaciones, asegurando en todo momento la confidencialidad y un tratamiento seguro de los datos. Entre las alternativas, avanzaron la creación de «una herramienta digital que facilite este proceso de manera clara y accesible».
La Comisión subrayaba que uno de los aspectos clave en los que se estaba trabajando era la creación de una estructura formal que permitiera canalizar correctamente los trámites administrativos y bancarios necesarios, y pedían paciencia y comprensión a los afectados. «Un proceso de esta naturaleza requiere comprobaciones, coordinación y preparación documental que necesariamente llevan su tiempo».
‘Normalizando’ la situación
Recién iniciado 2026, la Comisión emitió un tercer comunicado, el 2 de enero, en el que, en primer lugar, agradecía públicamente el apoyo recibido en los días posteriores al estallido del conflicto. Tras ese preámbulo, informaban de que ese mismo día se había firmado ante notario la constitución de una asociación, un paso que consideraron «imprescindible para poder hacer las cosas con orden y con garantías».
El objetivo, explicaron, era abrir una cuenta bancaria a nombre de la entidad y gestionar todo el proceso dejando constancia documental de cada paso, con asesoramiento jurídico continuo «para que el procedimiento sea seguro y para evitar improvisaciones».
Además, indicaron que se había documentado notarialmente la custodia de los décimos para su posterior tramitación e ingreso por vía bancaria «con la máxima seguridad». Avanzaron también que informarían puntualmente «por los canales habituales» cuando se produjeran hitos confirmados.
Como siguiente paso inmediato, anunciaron la puesta en marcha de una web segura para el registro de las papeletas. Esa plataforma permitiría a cada portador «registrar sus papeletas (subiendo una foto), leer el texto completo del acuerdo propuesto e indicar de forma expresa si está conforme con el acuerdo o no, quedando constancia de su decisión». Según explicaron, este registro es «fundamental» para disponer de datos reales y completos que permitieran saber cuántas personas apoyaban el acuerdo y decidir los siguientes pasos «con certezas».
Un precedente en Gijón
El caso de Villamanín no es un hecho aislado. Un episodio muy similar se produjo en 2012 en la vecina Asturias, concretamente en un barrio de Gijón, donde un quiosquero terminó en los tribunales tras vender más participaciones de las que realmente respaldaban dos décimos premiados.
Los hechos ocurrieron en plena campaña navideña. Siete vecinos denunciaron que habían adquirido participaciones de la Lotería Nacional que, tras resultar premiadas con 30.000 euros cada una, se descubrió que no estaban sustentadas por décimos reales. El desconcierto dio paso al conflicto cuando los afectados comprobaron que el premio no podía cobrarse en su totalidad.
El quiosquero reconoció entonces el error y lo atribuyó a un fallo de comunicación con su pareja, quien también participaba en la gestión del negocio. En un intento por evitar consecuencias legales, ofreció a cada uno de los perjudicados 5.000 euros a cambio de que no presentaran denuncia. Sin embargo, fue la propia Policía la que aconsejó a los vecinos actuar de forma conjunta y llevar el caso ante la justicia.
Finalmente, el hombre fue juzgado y condenado por un delito de estafa agravada. La sentencia le obligó a indemnizar con 500 euros a cada uno de los siete vecinos, además de imponerle una multa de 180 euros y la devolución del importe abonado por las participaciones.
Una resolución judicial que dejó a los afectados muy lejos de los 30.000 euros que habrían percibido de haberse respetado la legalidad del sorteo y que hoy sirve como precedente.