Sin preocupación en la Junta por la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Al menos, según las palabras del presidente de la administración autonómica, Alfonso Fernández Mañueco, de este lunes en su visita a León y en las que puso de relieve la «absoluta tranquilidad» ante el nuevo escenario judicial por la gestión de los fuegos del pasado verano.
Estas diligencias contra el propio Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, llegan después de una denuncia presentada por el colectivo ‘Bierzo Aire Limpio’ por la gestión realizada desde la administración autonómica durante los fuegos del mes de agosto, los cuales tuvieron especial incidencia en la provincia de León. En este sentido, el presidente de la Junta quiso recordar que ya hubo denuncias «de similares características» después de los incendios del año 2022.
Fernández Mañueco se mostró confiado en que estas denuncias «tengan el mismo recorrido» que las de hace tres años. Según destacan desde ‘Bierzo Aire Limpio’, en su petición de responsabilidades a Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones por su gestión señalaban «posibles delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos conexos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica» durante unas semanas que estuvieron marcadas por el fuego en comarcas de la provincia leonesa como la Montaña Oriental, El Bierzo o La Cabrera.
Por su parte, el presidente de la Junta también mostró su «máximo respeto» por la convocatoria de una manifestación contra la gestión de los incendios del pasado mes de agosto. Una protesta que tendrá lugar el próximo día 23 en León y que está respaldada por diversas formaciones políticas y sindicatos.
CSIF critica despidos en el operativo
Por su parte, CSIF emitió este lunes un comunicado para criticar los despedidos realizados en los operativos contra los incendios de diversas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, después de un verano marcado por el fuego. De hecho, desde el sindicato cifran en «al menos 4.000» los bomberos que han perdido su puesto de trabajo a pesar del «desastre ecológico» de hace solo unos meses.
Por ello, desde CSIF lamentan que se esté «desmantelando» el operativo en comunidades autónomas como Castilla y León, en la que cuantifican los despedidos en el 30 por ciento de las plantillas. «En la provincia de León, la más castigada por los devastadores incendios de este verano en toda España con más de 100.000 hectáreas quemadas, desde el miércoles día 15 cuentan con la mitad de los helicópteros que había, quedará un buldócer de cada tres, o se despiden a los vigilantes de seis de los 18 puestos y al 33 por ciento del personal de autobombas», manifestaron desde el sindicato en su comunicado.