"Nunca hemos engañado a nadie, la Administración sabía perfectamente lo que había"

Los tres acusados de estafar a 113 matriculados en un centro de FP de La Bañeza dicen que "a los que se lo pidieron, les devolvieron el dinero"

I. Herrera
29/09/2015
 Actualizado a 31/07/2019
Los tres acusados ayer en la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León. | MAURICIO PEÑA
Los tres acusados ayer en la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León. | MAURICIO PEÑA
Directora, jefe de estudios y secretario de la academia Tierras de La Bañeza –mujer, marido e hijo– se sentaban ayer como acusados en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León por una presunta estafa a 113 alumnos que llegaron a pagar hasta 2.300 euros por una plaza en este centro de formación con el objetivo de obtener una título que no podían darles.

La de ayer era la primera sesión de una vista que se prevé se dilate durante toda la semana, de hecho, ya ayer las pruebas testificales programadas por videoconferencia fueron aplazadas y la mañana se dedicó por entero a las declaraciones de los tres acusados, en especial la de la directora del centro, Adela P.R., que fue la única que contestó a las preguntas de todas las partes (Ministerio fiscal, tres acusaciones particulares, acusación de la Junta de Castilla yLeón y defensa) y ahondando en cada respuesta hasta el punto que el presidente del tribunal le pidió en retiradas ocasiones que se limitara a contestar a las cuestiones formuladas. En cambio, tanto su marido, Manuel A.G., como su hijo, Raúl A.P., tan sólo contestaron a preguntas de la fiscal y de su representación legal.

Durante el interrogatorio los acusados incurrieron en varias contradicciones e insistieron en que "nunca habían engañado a nadie" porque, tal y como explicó Adela P.R., sí que admitieron cien solicitudes cuando sólo tenían autorizadas veinte, pero que lo hicieron porque habían tramitado la solicitud de ampliación de plazas "como me dijeron otros compañeros de centros de la comunidad que ya la tenían aprobada". Y añadía que "la Administración sabía perfectamente todo lo que había" y sabía que había más de cien inscritos.

Interpelada por la acusación acerca del motivo por el cual habría seguido cobrando cuotas a alumnos a los que no iban poder formalizar la matrícula, la acusada ha negado mala fe y argumentado desconocimiento, de igual modo que sostuvo que descubrió a través de los medios de comunicación que le iban a cerrar el centro por una orden de junio de 2009 de un juzgado de La Bañeza "porque yo no tuve ninguna notificación oficial hasta primeros de octubre", fecha a partir de la cual niega que hubiera aceptado nuevas inscripciones.

Acerca del motivo por el que no devolvió el dinero a los alumnos que habría pagado por un título que nunca iban a obtener, Adela P.R. señaló que se lo devolvieron a quienes lo pidieron, "a los que no lo pidieron no".

A lo largo de la tarde se escuchó en sala a varios testigos y la vista continúa este martes. La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de cuatro años de prisión, mientras que la defensa sostiene que no existe delito sino una simple irregularidad de corte administrativo y pide la libre absolución.

Las supuestas irregularidades se cometieron desde 2007 hasta 2009 y la cantidad defraudada supera los 100.000 euros a un total de 113 personas que llegaron a pagar hasta 2.300 euros por un título e incluso realizaron exámenes sin llegar nunca a estar matriculados en un centro oficial.
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