Hay una pregunta que empieza a colarse en los consejos de administración con más frecuencia que hace un año: si un cliente, un socio o un inversor preguntara mañana qué IA utiliza la empresa y con qué garantías, ¿existiría una respuesta clara?
En la mayoría de los casos, no. Aunque esta tecnología lleve tiempo en uso casi siempre falta un proceso formalizado detrás.
El problema no es tecnológico, es de gobierno interno. Una empresa puede estar usando IA en varios departamentos a la vez sin que exista un inventario de qué sistemas hay, sobre qué datos trabajan o quién responde por sus resultados. Y eso no es una herramienta descontrolada, es una zona ciega.
Las zonas ciegas, tarde o temprano, generan preguntas incómodas: las hace un cliente que quiere saber cómo se tomó una decisión que le afecta, las hace un socio que audita antes de firmar, las hace un regulador que revisa si hay garantías suficientes.
Por qué ahora importa
Gobernar la IA no significa frenarla ni enterrarla en burocracia. Significa poder responder en cualquier momento a algunas preguntas clave: qué sistemas se usan y para qué, quién responde de cada uno, cuál es su riesgo tecnológico y legal, cómo se explican las decisiones cuando alguien las pone en duda, entre las que se encuentran el coste de la inversión en IA y su retorno.
Esto pide procesos, no solo tecnología, designar responsables, documentar criterios y revisar resultados con cierta regularidad. El marco regulatorio europeo, junto con estándares de gestión como la norma ISO/IEC 42001, ya ofrece una estructura para ordenar ese trabajo en vez de inventarlo desde cero.
No hacerlo tiene un coste que casi nunca se mide a tiempo. El más evidente es normativo: el marco europeo impone obligaciones crecientes sobre el uso de inteligencia artificial, con un régimen sancionador que traslada la cuestión a la agenda del consejo, no solo a la del área técnica. Pero el coste reputacional suele llegar antes, y duele más: la confianza de un cliente o un inversor se pierde con rapidez en cuanto la empresa no sabe explicar cómo trabaja su propia tecnología.
Por dónde empezar
El punto de partida rara vez es un informe de 300 páginas ni un proyecto de meses. Leasba, consultora leonesa con 2 décadas de trayectoria en tecnología y derecho, lo resuelve con lo que llama Diagnóstico IA: en 3 o 4 semanas entrega un mapa claro de qué se está usando realmente, con qué nivel de riesgo y por dónde conviene empezar a ordenarlo.
La tecnología va a seguir avanzando más rápido de lo que se la logra regular del todo y eso probablemente no va a cambiar. La diferencia, cada vez más, la marcarán las empresas capaces de explicar lo que hacen con ella y las que puedan reducir sus riesgos, tanto tecnológicos como legales y reputacionales.
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