El PSOE de Ponferrada reconoció este lunes su parte de responsabilidad tras conocerse la sentencia que anula los permisos concedidos a la central de biomasa situada junto al barrio de Compostilla, así como la orden de detener las obras de ampliación de la red de calor que se llevan a cabo en la ciudad. No obstante, aseguró que esta sentencia, de reafirmarse, sería "de muy difícil ejecución".
Cabe recordar que hace escasos días el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de León anuló por segunda vez todos los permisos concedidos a la red de calor de Ponferrada con una sentencia que vuelve a dejarla en la total ilegalidad, una postura que defienden desde hace años Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla.
El portavoz socialista, Olegario Ramón, admitió que fue su equipo de gobierno quien legalizó la instalación, basándose -según explicó- en los informes técnicos municipales que avalaban el proyecto. A su llegada al gobierno, tanto el edificio como la red de tuberías hasta el polígono de las Huertas ya estaban construidos.
"Nos encontramos con una infraestructura ya ejecutada. Intentamos buscar una vía legal para regularizarla. Lo cierto es que todos los informes técnicos eran favorables y nos indicaron el camino a seguir", declaró Ramón, que añadió que "creíamos que había garantías suficientes para evitar un desenlace como este, por eso la sentencia nos ha sorprendido".
Tanto la planta de biomasa como la red de calor fueron declaradas ilegales mediante una sentencia en 2021, lo que obligó a reiniciar el procedimiento administrativo para tratar de legalizar las infraestructuras. Según recordó Ramón, en ese momento se elaboró un plan especial de infraestructuras que fue aprobado en el pleno con el apoyo del Partido Popular, de ahí que también atribuya culpa al equipo de Marco Morala y reproche al concejal Carlos Cortina que cargara únicamente contra el PSOE.
Por esta razón, el portavoz socialista instó a los populares a reconocer también su parte de responsabilidad, ya que los permisos iniciales se concedieron durante un mandato del PP. En ese entonces, el PSOE -que se encontraba en la oposición- se opuso a la ubicación, respaldando a la Asociación de Vecinos de Compostilla, que llevó el asunto a los tribunales. "Les pido que dejen de esconderse, den la cara y hablen con franqueza, como yo lo he hecho hoy", manifestó Ramón, dirigiéndose al actual equipo de gobierno.
Asimismo, animó a presentar un recurso contra la sentencia. "Deberían solicitar que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie", sugirió, aunque incidió en que en caso de que el equipo de gobierno elija recurrir, "se estaría contradiciendo", pues en su día votó a favor.
Vox exige depurar responsabilidades
Por su parte, el grupo municipal Vox Ponferrada denuncia la "gravedad extrema" de la sentencia que anula la red de calor y obliga a su paralización inmediata "por múltiples ilegalidades". "Esta resolución confirma lo que ya era evidente: PP y PSOE han utilizado las instituciones municipales para beneficiar intereses opacos, saltarse la legalidad y pisotear el interés de los vecinos", afean.
A juicio de Vox, el fallo judicial "no deja lugar a dudas: hubo fraccionamiento del proyecto para esquivar impuestos, ocupación indebida del subsuelo público, y una falta total de transparencia. Se ha actuado a espaldas del pueblo, con licencias exprés, informes deficientes y acuerdos de despacho entre el bipartidismo de siempre".
De este modo, exigen la dimisión inmediata de los responsables políticos y técnicos implicados, y también consideran que deben rendir cuentas los actuales responsables del PP, Coalición por El Bierzo y PSOE. Además, solicitan una auditoría independiente de todo el expediente: planificación, adjudicaciones, contratos con Somacyl, licencias, ocupación del subsuelo y flujos económicos.
Para la formación verde, esto "vuelve a demostrar que PP y PSOE, cuando se trata de repartirse poder y favores, no existe oposición entre ellos. Solo Vox está dispuesto a decir la verdad y defender a los vecinos de Ponferrada frente a un régimen local corrompido por décadas de complicidades, favores y silencios. La red de calor no es solo un fraude técnico; es un símbolo de cómo el poder político en Ponferrada se ha divorciado de la ley, del interés general y de la dignidad institucional".