El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de León ha anulado por segunda vez todos los permisos concedidos a la central de Biomasa de Ponferrada con una sentencia "que vuelve a dejar la Red de calor ubicada en Compostilla en la total ilegalidad", según celebra Bierzo Aire Limpio, y da nuevamente la razón a la propia ONG y a la Asociación de Vecinos de Compostilla.
"Desde el principio -afirman los ecologistas bercianos en una nota-, ha sido una cacicada. Han sido ocho años de lucha desigual de la sociedad civil del Bierzo contra el Ayuntamiento de Ponferrada y contra la empresa pública Somacyl. Ha sido la lucha de David contra Goliat. Esta sentencia histórica recoge todos nuestros argumentos respecto a dicha instalación construida ilegalmente en el barrio de Compostilla y que seguirá sin funcionar", festejan.
El abogado de Cordal Estudio Jurídico que ha llevado esta demanda judicial, Víctor A. Bayón, destaca que "el juzgado declara como ilegales tres acuerdos municipales pudiendo incluso derivarse responsabilidades de alguno de los intervinientes dado que el juzgado aprecia una reiteración en la conducta infractora por parte de la Administración al volver a incurrir en parte de los mismos motivos que llevaron a su primera anulación en 2020".
Motivos de la sentencia
En la sentencia 00120/2025, conocida este jueves, el Juzgado anula la licencia de obras, la licencia ambiental y la autorización excepcional de la planta por varios motivos. En primer lugar, la sentencia aprecia que el Ayuntamiento de Ponferrada ha incurrido en un "fraccionamiento del proyecto" dado que optó por conceder las licencias impugnadas limitando su objeto exclusivamente a la edificación de la central y excluyendo a la red de calor que distribuye el mismo por toda la ciudad.
La sentencia concluye contundentemente que "la Administración era plenamente consciente de la magnitud real del proyecto, pero decidió limitar el alcance de las licencias de forma artificial". Este hecho supuso perdonarle a Somacyl decenas de miles de euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que se liquidó sobre el presupuesto del edificio (unos 797.000 euros), mientras que el coste total de la obra era más de 2,1 millones de euros.
Información pública "deficiente"
La sentencia concluye que ha habido una información pública "deficiente", esto es, una ocultación y falta de transparencia, escondiendo ante la sociedad ponferradina el conocimiento completo del proyecto, lo que ha impedido una participación informada y efectiva, vaciando de contenido la finalidad del trámite.
Así, se omitió el trámite de audiencia a los interesados; a Bierzo Aire Limpio se le notificó el plazo de información pública cuando la documentación prácticamente ya había sido retirada de la web municipal, según señalan.
Finalmente, la ONG berciana apunta que la sentencia aprecia ilegalidades urbanísticas, pues concluye que se ha tratado de consolidar por la vía de los hechos una actuación cuya cobertura urbanística integral es inexistente, pues el proyecto "implica una ocupación intensiva del dominio público local (el subsuelo de numerosas calles) para un uso privativo". Dicha ocupación de las tuberías requería un título habilitante específico, que "no podía ser sustituido por una licencia de obras".
Por su parte, la Asociación de Vecinos de Compostilla solicita al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que no recurra la sentencia y se asuman las ilegalidades sufridas por este barrio. Finalmente, desde Cordal Estudio Jurídico anuncian también que procederán a comunicar esta sentencia al Banco Europeo -que había concedido un aval a Somacyl- para que no se siga financiando con dinero público esta instalación que califican como "un sumidero de préstamos europeos".