“El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, dice una cosa en campaña, pero en el gobierno hace la contraria”, dice el PSOE, ejemplificando ese particular con la gestión de la Zona de Bajas Emisiones.
Morala llegó a la Alcaldía después de convertir su rechazo a la ZBE diseñada por el equipo de gobierno socialista en uno de los argumentos centrales de su campaña. “Prometió que no la aplicaría, aseguró que la trasladaría al Casco Antiguo y llegó a presentar su implantación en el centro de la ciudad como una amenaza para comerciantes, transportistas y vecinos”, recuerdan desde el Grupo Municipal Socialista.
No fue una declaración aislada, fue uno de sus pilares de campaña: no aplicaría «la Zona de Bajas Emisiones socialista de Olegario Ramón», exponía en una de sus propuestas electorales más sonoras, que hasta se dejaba escuchar en la publicidad de calle. También defendió que debía estudiarse otra ubicación, proponiendo el Casco Antiguo, y aseguró que la zona proyectada por el PSOE tenía defectos que podían determinar su nulidad. “Era una de sus apuestas electorales y así la presentó ante los ciudadanos”, recalcan, retrotrayéndose a las elecciones municipales.
Y el primer compromiso del acuerdo de gobierno entre el PP y Coalición por El Bierzo fue precisamente «abrir un diálogo con todos los sectores afectados en el municipio y no aplicar la actual Zona de Bajas Emisiones». La promesa estaba escrita y no dejaba demasiado margen para las interpretaciones.
La ZBE que iba a cambiar y que terminó aprobando
¿Qué ocurrió cuando Morala llegó al gobierno? Que la ZBE no se trasladó al Casco Antiguo, no se abandonó el proyecto socialista y tampoco se eliminó la regulación que tanto había criticado, advierte el PSOE. Finalmente, el 27 de septiembre de 2024, el equipo de gobierno llevó al Pleno una ordenanza que salió adelante gracias a un acuerdo con el Grupo Municipal Socialista. La aprobación definitiva se produjo el 29 de noviembre y contó con los votos favorables del PP, Coalición por El Bierzo y PSOE.
La zona siguió siendo, en lo esencial, la diseñada durante el mandato anterior. Lo que cambió fue el acuerdo sobre su funcionamiento, los plazos y las condiciones de aplicación. El PSOE defendió dos cuestiones fundamentales: que hubiera medidas progresivas cuando se produjeran episodios de contaminación que pudieran resultar perjudiciales para la salud y que la ordenanza no se demorase indefinidamente. Tras la negociación, se alcanzó un punto de encuentro que permitió aprobarla.
“El PSOE no quiso convertir la ZBE en un arma arrojadiza”, destacan desde el Grupo Municipal. “Siempre defendimos que debía ponerse en marcha con garantías, con información a la ciudadanía y procurando que sus efectos sobre la actividad económica fueran proporcionados”, reconocen. “Precisamente por eso negociamos y conseguimos introducir nuestras propuestas”. El resultado fue una ordenanza aprobada por los tres grupos que votaron a favor, incluido el partido que había prometido no aplicarla.
Ahora "vuelve a aparecer el miedo"
Tres años después, “Morala vuelve a recurrir al mismo discurso”. Tras la modificación del Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 3 de noviembre, el alcalde ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendrá para el comercio y para los vecinos de Ponferrada. “Ha llegado a afirmar que los ciudadanos tendrán que cambiar de coche si quieren circular por el centro y ha acusado al Gobierno de España de castigar a la población con una decisión que considera urgente e injustificada”, reproduce el PSOE.
“Resulta llamativo que quien aprobó la ordenanza municipal junto a los socialistas vuelva ahora a presentar la ZBE como una imposición ajena a su responsabilidad. Pero, sobre todo, resulta preocupante que se traslade a la ciudadanía una imagen de prohibiciones generalizadas que no se corresponde con lo que establece la normativa municipal de Ponferrada”, explican. Y piden que, precisamente, se expliquen las cosas con claridad. La ordenanza aprobada por el Ayuntamiento establece que el acceso a la ZBE está permitido con carácter general y que las restricciones se activarían en episodios de contaminación, atendiendo a la duración de estos y al potencial contaminante de los vehículos. No existe una prohibición general para que los vehículos de gasolina o diésel entren en el centro de la ciudad. Por tanto, “pedir a los vecinos que se planteen cambiar de coche como consecuencia inmediata de esta modificación es, cuando menos, manipular la explicación de lo que está pasando”.
¿Qué cambia realmente con la modificación estatal?
La ZBE de Ponferrada no impide el acceso. Cualquier vehículo puede circular de manera libre. Solo existen restricciones en episodios de contaminación y estas restricciones son graduales y solo se aplican cuando se declara un episodio de contaminación y las medidas de movilidad sostenible no son suficientes, explica el PSOE. Es decir, el Día 0 (activación de la alerta): no pueden circular los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. El Día 1 (si persiste la alerta): se añaden los vehículos con distintivo B. El Día 2 (si continúa): se incorporan también los vehículos con distintivo C y el transporte público pasa a ser gratuito.
Además, quedan excluidos de estas restricciones los ciclomotores, tranvías, vehículos para personas con movilidad reducida, bicicletas eléctricas de pedaleo asistido y vehículos de movilidad personal (VMP).
En resumen, la ordenanza de Ponferrada no establece una prohibición general de circular por el centro ni obliga a cambiar de coche. Prevé restricciones temporales y escalonadas en función de la duración de un episodio de contaminación y de la etiqueta ambiental del vehículo.
La reforma aprobada por el Consejo de Ministros tiene un objetivo concreto: evitar que las zonas de bajas emisiones se queden en una delimitación territorial sobre el papel, sin restricciones efectivas, sin controles suficientes o con moratorias que retrasen indefinidamente la aplicación de su régimen sancionador, una de las cosas por las que abogaba el PP de Ponferrada.
La nueva regulación exige a los ayuntamientos acreditar que las medidas previstas están realmente implantadas, que existen sistemas de control y seguimiento y que las ordenanzas contemplan y aplican el régimen sancionador establecido en la normativa estatal de tráfico. “Lo que se pretende es que las ZBE cumplan la función para la que fueron creadas y no se conviertan en una obligación meramente formal”, aclara el PSOE. Y aquí es donde Ponferrada tendrá que revisar qué aspectos de su ordenanza deben adaptarse. La regulación municipal estableció un periodo informativo hasta finales de 2026, una primera fase sancionadora durante el primer semestre de 2027 y la aplicación del régimen de multas a partir del 1 de julio de ese año.
Pero advierten: “Una cosa es adaptar el calendario y garantizar que la ordenanza se cumpla y otra muy distinta es anunciar que los vecinos no podrán circular por el centro o que tendrán que cambiar de vehículo. Vuelve a utilizar el medio con intereses electoralistas”, afea.
La salud y el comercio no tienen por qué ser incompatibles
“Convendría que el alcalde abandonase esa falsa confrontación entre protección de la salud y actividad económica”, pide el PSOE tras las últimas declaraciones del regidor. “Defender el comercio local es una obligación de cualquier gobierno municipal, pero también lo es proteger la calidad del aire y la salud de quienes viven, trabajan y transitan por la ciudad. No son objetivos incompatibles y no deberían utilizarse para enfrentar a unos ciudadanos con otros”, reconocen.
Y es que el propio acuerdo de 2024 demuestra que es posible encontrar un equilibrio. El PSOE defendió medidas graduales, proporcionadas y vinculadas a los episodios en los que los niveles de contaminación pudieran resultar peligrosos. “No planteamos restricciones permanentes e indiscriminadas, sino mecanismos de actuación cuando la salud pública lo exige. Y esa sigue siendo nuestra posición”, reiteran.
Lo que no tiene sentido para el PSOE es que “el alcalde utilice ahora el comercio como argumento para cuestionar una regulación que su propio equipo aprobó y que se diseñó precisamente para compatibilizar la movilidad, la actividad económica y la protección ambiental”.
Gobernar también significa explicar y asumir responsabilidades
“Morala parece haber recuperado aquella estrategia electoral de 2023: señalar al Gobierno de España, anunciar consecuencias catastróficas y trasladar a los ciudadanos la idea de que alguien quiere impedirles circular por su ciudad”, apuntan. Entonces prometía que la ZBE no se aplicaría y que la llevaría al Casco Antiguo. Después la aprobó en la ubicación prevista, negociando con el PSOE. “Ahora vuelve a presentarla como una amenaza que viene de fuera, como si el Ayuntamiento no tuviera ninguna responsabilidad en su regulación”, reconoce el PSOE tras explicar cómo se gestó la ordenanza.
Y hay otra contradicción que señalan. El alcalde critica que el Gobierno adopte medidas antes de unas elecciones “y llega a confiar en que un eventual cambio político permita dejar la reforma sin efecto. Es decir, en lugar de explicar qué exige la nueva regulación, qué debe adaptar Ponferrada y cómo se va a proteger a vecinos y comerciantes, vuelve a convertir una cuestión de gestión municipal y salud pública en un enfrentamiento partidista”.
Para el PSOE, “Ponferrada necesita algo más que declaraciones alarmistas. Necesita que su alcalde explique con rigor qué cambia, qué no cambia y qué medidas debe adoptar el Ayuntamiento. Necesita información clara para comerciantes, transportistas y vecinos, y necesita que las decisiones se tomen pensando en el interés general, no en el rendimiento político de cada noticia”.
Asumen que Marco Morala pueda discrepar con el Gobierno de España, “puede criticar la reforma y puede defender las posiciones que considere oportunas. Lo que no puede hacer es olvidar que fue su propio equipo quien aprobó la ordenanza, que la ZBE sigue siendo la que prometió cambiar y que ahora tiene la responsabilidad de gestionar su aplicación”.
La hemeroteca, aseguran, recuerda esto y también las promesas electorales. Y los acuerdos plenarios, con los votos del PP y Coalición por El Bierzo. “Antes de volver a agitar el miedo a la Zona de Bajas Emisiones, quizá el alcalde debería explicar por qué prometió no aplicarla, por qué terminó aprobándola y por qué ahora pretende presentarla como una imposición de la que él no tiene ninguna responsabilidad”, piden.
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