Coalición por El Bierzo (CB) ha manifestado su rotunda oposición al nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno central el pasado 3 de noviembre para regular las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La formación bercianista califica la medida de "decretazo" y denuncia que su aplicación inmediata, con sanciones directas y sin periodos transitorios en municipios de más de 50.000 habitantes como Ponferrada, afectará gravemente a la movilidad diaria de los vecinos y a la economía local.
Desde la formación afirman que "vuelven a pagar los de siempre", recordando la singularidad territorial de Ponferrada, que cuenta con más de 30 núcleos de población y donde casi el 40% de los vecinos reside fuera del casco urbano central. Para estos ciudadanos, señalan, el vehículo privado es un elemento de necesidad básica para acudir al médico, realizar trámites o hacer compras. "Quienes firman este decreto en Madrid ni se han molestado en mirar cómo se vive aquí", aseveran desde CB, alertando del castigo que supone para las familias con menor capacidad económica para renovar su coche.
El posicionamiento de Coalición por El Bierzo pone también el foco en el momento elegido por el Ejecutivo para endurecer la normativa. La medida llega en plena reactivación del comercio ponferradino —con más de 100 nuevos establecimientos abiertos en lo que va de 2026— y a menos de un mes de la cita con las urnas fijada para el 29 de noviembre. "Hace un mes esto no corría prisa y ahora es de repente extremadamente urgente", cuestionan desde el partido, siguiendo el argumento que también esgrimía Marco Morala.
Asimismo, CB defiende el modelo de ZBE que se aprobó en Ponferrada en 2024 con el consenso de PP, CB y el propio PSOE local, el cual contemplaba acceso libre al centro, restricciones únicamente en episodios de alta contaminación y sanciones graduales. Según la formación, el nuevo decreto estatal rompe de manera unilateral aquel "pacto de ciudad" respaldado por los comerciantes, por lo que instan al PSOE ponferradino a aclarar "si está con los vecinos que les votan aquí o con lo que les dictan desde Madrid".
En su comunicado, la formación bercianista recuerda que la concepción inicial de la ZBE durante el mandato del anterior alcalde, Olegario Ramón, "nació mal, sin consultar a nadie y sin estudios de impacto social ni económico". En este sentido, contrapone esa etapa de gobierno con las deficiencias encontradas en infraestructuras clave de la ciudad. Entre ellas, citan el cierre del puente Celso López Gavela por problemas estructurales tras años sin mantenimiento, o la situación de las piscinas de El Toralín, clausuradas desde 2023 por riesgo de colapso según informes técnicos y cuya reconstrucción asciende a más de 2,3 millones de euros. "Eso es lo que dejaron mientras presumían de ZBE", recriminan.
Por todo ello, Coalición por El Bierzo exige que cualquier decisión definitiva sobre la ZBE quede paralizada hasta que se constituya el Gobierno resultante de las elecciones del 29 de noviembre.
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