El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha criticado el decreto firmado por el alcalde, Marco Morala, mediante el que delega en el concejal de Hacienda y Contratación la firma de los contratos menores del Ayuntamiento. A juicio del PSOE, la medida supone un reconocimiento implícito del elevado volumen de este tipo de expedientes que tramita la administración local.
Los socialistas centran sus críticas en la justificación recogida en el propio decreto, donde se alude al "enorme volumen de contratos menores que se tramitan anualmente" y a la necesidad de agilizar su gestión. Según el grupo de la oposición, esta referencia pone de manifiesto una utilización excesiva de una figura contractual que la legislación contempla para necesidades concretas y limitadas.
Desde el PSOE recuerdan que los contratos menores son un instrumento legal, pero subrayan que su carácter es excepcional al no requerir procedimientos de concurrencia competitiva similares a los de otras modalidades de contratación pública. Por ello, consideran que deben emplearse únicamente en los supuestos previstos por la normativa y no convertirse en una vía habitual de gestión.
La formación socialista sostiene además que el volumen de contratación menor registrado en los últimos años refleja una tendencia consolidada. Según sus datos, el Ayuntamiento adjudicó mediante este procedimiento cerca de 4,4 millones de euros durante 2025, una cifra similar a la registrada en 2024. Asimismo, señalan que durante el primer trimestre de 2026 ya se habría superado el millón de euros en contratos menores.
Junto a las críticas sobre el modelo de contratación, el PSOE también cuestiona la decisión de delegar la firma de estos expedientes. Los socialistas consideran llamativo que el alcalde adopte esta medida en este momento y plantean dudas sobre los motivos que han llevado a centralizar esta competencia en el área de Hacienda y Contratación.
A juicio del grupo municipal, la solución pasa por una mayor planificación de la actividad administrativa que permita recurrir en mayor medida a procedimientos abiertos y competitivos. En este sentido, defienden que una reducción de la contratación menor contribuiría a reforzar la transparencia, la concurrencia y el control sobre el gasto público municipal.