La oposición de Bembibre insiste en la legalidad de la ayuda a Embutidos Santa Cruz, que además es "un deber moral"

Partido Popular, XBembibre y Coalición por El Bierzo hacen fuerza conjunta apoyándose en el dictamen de los funcionarios municipales, que dieron luz verde a la subvención de 170.000 euros dividida en dos anualidades

19/12/2025
 Actualizado a 19/12/2025
Rueda de prensa conjunta de Partido Popular, XBembibre y Coalición por El Bierzo en Bembibre. | JAVIER FERNÁNDEZ
Rueda de prensa conjunta de Partido Popular, XBembibre y Coalición por El Bierzo en Bembibre. | JAVIER FERNÁNDEZ

Los grupos de la oposición de Bembibre —Partido Popular, XBembibre y Coalición por El Bierzo—, han aparcado sus diferencias políticas y se han unido para defender la legalidad de la subvención que aprobaron en el polémico último pleno —por la ausencia del PSOE y la UPL— con el fin de ayudar a la empresa Embutidos Santa Cruz tras el incendio que sufrió en julio de 2023.

Los portavoces de estas formaciones, Jorge Blanco, Elsa García y Jaime González, respectivamente, comparecieron este viernes de forma conjunta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para reiterar la validez legal de la ayuda de 170.000 euros, haciendo hincapié en repetidas ocasiones en el quid de la cuestión: ha sido redactada por el secretario municipal con el beneplácito de la Intervención a través de una subvención nominativa en forma de pago un 70% en el primer año, en 2026, y el restante 30% en 2027, condicionada, eso sí, a la aprobación de los presupuestos y al cumplimiento de la ley.

De este modo, PP, XBembibre y CB se apoyan en el veredicto de los funcionarios municipales que, por supuesto, han consultado la validez de la propuesta y dado el visto bueno tras ello, por lo que reprochan la postura de la alcaldesa, Silvia Cao, y su socio de gobierno, Sigifredo Benavides, que ni siquiera acudieron al pleno convocado por la propia regidora a petición de los populares para tratar el asunto: "No hay precedentes de algo así", afeó Elsa García, a la vez que Jorge Blanco recordó que Cao cobra 38.000 euros al año —sin contar remuneraciones en mancomunidad— "para ni siquiera acudir a su trabajo".

Por este visto bueno tanto de la Secretaría como de la Intervención municipales, los grupos de la oposición no comprenden la posición que ha adoptado el equipo de gobierno en contra de aprobar esta ayuda a una empresa "que lleva más de 30 años generando riqueza, que fue la primera en instalarse en el polígono industrial de Bembibre y que da trabajo a 50 personas", recordaron, por lo que consideran "un deber moral, ético y humanitario" ayudarla tras el devastador incendio que sufrió.

Buscando explicaciones a que el equipo de gobierno no acudiera al pleno ni para votar el contra, el portavoz de Coalición por El Bierzo sospecha que Cao y Benavides buscan dilatar la cuestión en el tiempo para no poder incluirla en los presupuestos. De esta manera se justificaría su anuncio reciente de querer judicializar el acuerdo. Eso sí, la oposición no teme en absoluto que la alcaldesa busque una aprobación en los juzgados o de la Junta de Castilla y León al acuerdo, pues reiteran que esa luz verde ya la encontraron los funcionarios municipales al diseñar la forma de ayuda a la empresa, después de un intento previo fallido —e incluido en los presupuestos por el gobierno bembibrense— por cuestiones legales. Además, no entienden contra quién iría el Contencioso con el que amenaza la alcaldesa: "¿Contra el Ayuntamiento? ¿Contra el secretario municipal?"

Para que esta ayuda de 170.000 euros sea una realidad, Partido Popular, XBembibre y Coalición por El Bierzo dejan claro que debe ser incluida en los presupuestos para 2026 y 2027 por el equipo de gobierno pues, de no ser así, quedará en papel mojado. Por ello, piden a Cao que se deje de "excusas de mal pagador" y que recuerde su compromiso de echar un cable a Embutidos Santa Cruz "cuando acudió a sacarse allí una foto tras el fuego".

Del mismo modo, las tres formaciones compartieron su sorpresa por que la socialista considere que esta subvención constituye un fraude de ley, pues señalan que "es la misma que tiene más de 3.000 facturas abonadas con reparos de Intervención en los seis años y medio que lleva gobernando el municipio". De hecho, Jaime González apuntó que por esta cuestión tiene un procedimiento judicial abierto que se celebrará en enero.

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