El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, ha rechazado las acusaciones sobre una supuesta bancarrota municipal, al tiempo que ha desvelado diversos gastos derivados de lo que ha calificado como “bombas de relojería” heredadas del anterior mandato.
Moreno realizó estas declaraciones durante la presentación de los asuntos que se llevarán al próximo pleno ordinario, donde se incluyen varias inversiones como la reparación del centro de día de Flores del Sil, afectado por las inclemencias meteorológicas, con una partida de 40.719,80 euros, así como la anualidad para la construcción de campos de fútbol de césped artifical con Somacyl, por 130.000 euros, y el inicio de la remodelación de la plaza junto a Los Cantos, con 70.000 euros. También se prevé la compra de maquinaria para parques y jardines por 10.000 euros.
El edil quiso responder directamente a las críticas de la oposición. “No estamos en bancarrota, los proveedores cobran”, aseguró, apoyándose en el informe de morosidad, que sitúa el periodo medio de pago en 20,86 días en 2025, por debajo del límite legal de 30 días.
No obstante, reconoció que la situación económica “no es fácil”, debido a la prórroga del presupuesto de 2024 y al hecho de que no se han incrementado los tributos durante el mandato pese al aumento del IPC. “Mantener la calidad de los servicios así no es sencillo”, añadió.
Moreno defendió también la evolución de la deuda municipal, que actualmente supera los 18 millones de euros, pero que, según explicó, se ha reducido desde los 22 millones en 2023. La previsión es que se sitúe en 16 millones a finales de año, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto en el periodo 2026-2028, dijo.
Las “bombas heredadas”
El concejal incidió en que parte de las dificultades económicas actuales se deben a decisiones del pasado. “Nos encontramos con bombas de relojería a punto de estallar”, afirmó.
Entre ellas, citó la deuda con el Banco Santander derivada del Mundial de Ciclismo, que fue renegociada logrando un ahorro superior al millón de euros, o la reclamación de 7 millones de euros por parte de FCC, que el equipo de gobierno ha reducido a aproximadamente 1 millón, pendiente de resolución judicial.
También mencionó deudas relacionadas con contratos no actualizados, como el de Aquona, y decisiones en materia de personal, como, según desveló, una sentencia que obligó al Ayuntamiento a abonar casi 100.000 euros a una trabajadora municipal por desempeñar funciones superiores a su puesto. Una decisión, que asegura que adoptó el propio Ramón.
A estas cifras se suman facturas por valor de 122.000 euros correspondientes al servicio de transporte que el Ayuntamiento deberá abonar, pese a que asegura que el PSOE se niega a ello, así como inversiones realizadas en proyectos como la ampliación del parque del Plantío o actuaciones en Obispo Osmundo por dos millones de euros cada una.
Por tanto, Moreno criticó las acusaciones del portavoz socialista, Ramón, que calificó de “vacías” y orientadas a “sembrar el caos”, y pidió “coherencia en los análisis” sobre la situación económica municipal.
En paralelo, el edil avanzó que el Ayuntamiento trabaja en nuevas medidas en materia de personal, como la implantación de un protocolo de acoso y la elaboración de un plan de igualdad, que espera llevar a pleno el próximo mes.