No es la única causa de esos retrasos judiciales. El nuevo sistema de ‘papel cero’ instalado en los juzgados es, para Martínez, un foco de retrasos en el servicio judicial. Reconoce que la modernización de la justicia pretendida en 2016 es un buen proyecto «pero ha sido precipitado y sin medios», recalca. Eso ha hecho que se produzcan disfunciones constantes que suman retrasos «que se resuelven por el celo laboral de los trabajadores», apunta. La caída del sistema de gestión digital o de la firma electrónica hacen que el trabajo funcionarial sea más lento hasta el punto que Martínez tiene claro que hoy «no estamos en condiciones de prescindir del papel». Sí asegura que «con el tiempo lo estaremos», pero los pasos serán más o menos largos dependiendo de las medidas que adopte el Ministerio de Justicia. Entre la Subdirección general de Nuevas Tecnologías han presentado las quejas del sistema y también al servicio de Atención al Usuario, aunque lamenta Martínez que cada vez se pongan más trabas a este servicio «ahora para resolver incidencias nos piden mucha información y es difícil conseguir que lo hagan». A las carencias en los servicios informáticos se suman en Ponferrada las del nuevo edificio, que tiene problemas de humedades en algunas de sus estancias.
Martínez asegura que están supliendo esas cuestiones de mantenimiento de una manera temporal, con el fin de «no perjudicar la garantía del edificio» y así conseguir que se establezcan las mejoras. Asegura que el edificio depende del Ministerio de Justicia y debe ser éste el que actúe.
A la baja los casos de Civil y Penal, pero al alza los sociales
El balance de los Juzgados de Ponferrada este último año 2016 deja ver una disminución en los casos civiles y penales, aunque, por contra, repuntan los de orden social y un poco los de violencia sobre la mujer. La jueza decana asegura que ha descendido el nivel de resolución pero «responde a la aminoración del número de procedimientos ingresados debido al cambio que el artículo 282.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha introducido» en el ámbito penal,restringiendo la remisión de atestados que no tienen autor conocido. De ahí que en 2015 se incoaran 6.899 diligencias previas, mientras que en 2016 fueron 4.918.
En cuanto a los casos civiles, el año pasado se registró un 17,4% de asuntos registrados, con 6.629 en total, una cifra similar a 2008, cuando Ponferrada solo contaba con seis juzgados mixtos «por primera vez en siete años se ha bajado de los 8.000 asuntos civiles registrados», dice la decana. En este departamento se superan las cifras que el Consejo General del Poder Judicial considera razonables para cada juzgado, que están entre los 450 y los 550 casos, cuando se están llevando 828,6 de media. En lo Penal, el descenso es de un 39,6%, con 6.480 casos, con una media por juzgado de 810, que sí estaría por debajo de la media que marca el CGPJ. La merma se enmarca también, según explica la decana, en otro apartado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que apunta que se reduce la instrucción a seis meses, tras los cuales los procedimientos pasan a archivo.
En violencia de género el repunte ha sido bajo, con 372 asuntos registrados. Pero, en orden social, los asuntos que se han llevado en 2016 alcanzan los 2.318, con un 11,22% más que el año precedente y una media por juzgado de 1.159 casos. Martínez urge que se actualice la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, incluyendo en ella a los interinos «que llevan dos años trabajando» y pasen a ocupar plazas fijas. Critica la retirada de la oficina encargada de labores gubernamentales y la falta de los cuatro profesionales comprometidos para cada uno de los juzgados.