Hay palabras que llegan al mundo rural como salvíficas. Antes fueron desarrollo, modernización, reconversión. Ahora comparecen con la sonrisa impecable de la transición ecológica. Nadie discute la necesidad de abandonar los combustibles fósiles ni la obligación moral de frenar el desastre climático. Lo que conviene discutir, precisamente por eso, es el uso fraudulento de esa necesidad. Porque no toda transición es limpia por decreto ni toda infraestructura con etiqueta verde merece una bendición automática.
El Alto Sil y Gistredo vuelven a estar en el punto de mira eólico. Hace apenas tres meses se desestimaron los dos últimos proyectos planteados por Repsol en estos montes y ya surge una nueva amenaza, esta vez vinculada a fondos de inversión británico y neozelandés. El capital cambia de pasaporte, pero la lógica permanece intacta y no pretende otra cosa que mirar al territorio rural como una superficie disponible, como un espacio vacío, como un lugar donde otros pueden decidir lo que se instala, lo que se sacrifica y lo que debe soportarse en nombre de un progreso que rara vez se queda allí.
La respuesta de Páramo del Sil ha sido clara, un No rotundo. Y ese No no nace del capricho ni del atraso. Nace del cansancio de unos municipios que conocen demasiado bien la historia de las promesas incumplidas. Durante décadas se les pidió paciencia. Después se les pidió sacrificio. Ahora se les pide, además, que acepten nuevas formas de ocupación industrial del paisaje bajo una retórica verde que pretende resultar indiscutible.
Se ha instalado la idea de que cualquier objeción a ciertos proyectos energéticos equivale a una forma de ignorancia o resistencia al futuro. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es si la urgencia climática, siendo real, puede convertirse en una coartada para desactivar la prudencia, abreviar controles ambientales y convertir los procedimientos democráticos en un trámite molesto. Bajo la bandera de la emergencia se intenta a veces imponer la obediencia. Y pocas cosas exigen más serenidad que una decisión capaz de alterar un territorio durante décadas.
El problema no suele estar en la tecnología, sino en la talla del apetito. Cuando una palabra empieza por macro conviene echar mano de la cartera y de la conciencia. Macroparque, Macroplanta, Macroproyecto. Ese prefijo no alude solo a una dimensión física, sino a una ambición financiera. Significa concentración de capital, rentabilidad acelerada y sacrificio repartido entre los de siempre. En el mundo rural, el tamaño no es una anécdota, es casi siempre la primera forma de la amenaza.
Lo que hoy se presenta como nueva frontera del progreso no es una ruptura con el modelo anterior, sino su continuación con otro maquillaje. Venimos de una colonización territorial hecha a base de macroparques eólicos y solares desplegados sin la planificación suficiente, ocupando montes, llanuras y horizontes enteros con la promesa de un bien común que, en demasiadas ocasiones, ha terminado beneficiando a muy pocos. Ahora el mecanismo se repite con el biogás industrial, la biomasa a gran escala y cualquier otra etiqueta capaz de atraer subvenciones, fondos y titulares amables.
Las Macroplantas de Biogás, por ejemplo, se vende con una narrativa irresistible. Convertir residuos en energía suena, en teoría, a círculo virtuoso. Pero basta acercarse un poco para comprobar que no todo lo que entra en ese círculo sale limpio. La pretendida neutralidad de carbono se vuelve dudosa cuando la cadena completa depende de fertilizantes químicos, maquinaria pesada, transporte constante, consumo energético intensivo y una logística sostenida por combustibles fósiles. Hay mucho camión detrás de cada discurso circular y mucho gasóleo escondido debajo de cada folleto sostenible.
La biomasa comparte esa misma ambigüedad moral, lo sabes por Forestalia en El Bierzo. Sobre el papel, todo parece ejemplar: restos forestales, podas, limpieza del monte. Pero las Macroplantas de biomasa exigen tal cantidad de materia vegetal que la frontera entre aprovechar restos y talar recursos vivos se vuelve cada vez más tenue. Primero se prometen sobrantes. Después se normaliza la extracción intensiva. Y al final el bosque, que tarda décadas en escribirse a sí mismo, entra en la cuenta de resultados como si fuese una mercancía impaciente. Cuando acaban con los bosques tienden a sobrevivir quemando basuras.
Tampoco resulta convincente defender estas plantas como productoras de electricidad cuando la eficiencia debería ser un criterio básico. Quemar biomasa para generar electricidad comporta pérdidas importantes y responde a una lógica tosca en una época que presume de inteligencia tecnológica. A ello se suma la tentación de abrir la puerta a procesos aún más agresivos, como la fabricación de combustibles sintéticos mediante técnicas enormemente consumidoras de agua, energía y territorio. A veces, la innovación no es más que una forma sofisticada de persistir en el error.
Pero las Macroplantas y los Macroparques no solo alteran el paisaje, alteran el ritmo de la vida. Llegan con sus camiones, sus pistas, sus zanjas, sus líneas de evacuación, sus turnos, sus olores, sus ruidos, sus carreteras castigadas. Las aldeas y los pueblos, que bastante tienen con sobrevivir a la despoblación y el abandono administrativo, descubren de pronto que también deben convertirse en servidumbre logística de un modelo ajeno.
Y entonces aparece la pregunta decisiva que cualquier habitante rural se hace a menudo. Si estos proyectos son tan convenientes, ¿por qué dependen tanto del dinero público? Subvenciones, incentivos fiscales, financiación favorable, apoyo administrativo, facilidades regulatorias. Lo público actúa como colchón, lo privado como cosechador. Los costes ambientales, sociales y territoriales se quedan en los pueblos. Los beneficios viajan hacia consejos de administración donde nunca huele a digestato ni se escucha el zumbido de un aerogenerador al amanecer, ni las partículas en suspensión destrozan los pulmones.
Por eso conviene defender una idea elemental y hoy casi subversiva: ¡El derecho al territorio! El derecho de las comunidades rurales a no ser tratadas como un solar energético disponible. El derecho a que la transición sea justa, proporcionada, debatida y compatible con la salud de los ecosistemas y la dignidad de quienes los habitan.
¡Dejadnos morir en paz! no debería ser una consigna. Debería ser un escándalo. No expresa rendición, sino hartazgo. Viene a decir algo muy sencillo: si el Estado no va a garantizar escuelas, médicos, transporte y proyectos de vida, al menos que no financie la destrucción ecológica de lo que queda. Que no venga a rematar con humo verde lo que ya dejó herido con la indiferencia. Porque a veces un pueblo no pide milagros. Solo pide que no lo terminen de matar.