Las polémicas obras de rehabilitación de las piscinas Lydia Valentín, ubicadas en el complejo deportivo de El Toralín, ya están en marcha tras permanecer cerradas desde 2023 debido a su avanzado estado de deterioro. Los trabajos serán ejecutados por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Blacom y Dafrica, después de que la actuación fuera licitada por Somacyl, empresa pública dependiente de la Junta de Castilla y León, a la que el Ayuntamiento de Ponferrada encomendó la gestión del proyecto.
La intervención cuenta con un presupuesto total de 2,3 millones de euros. De esta cantidad, la Junta aporta 1,5 millones, mientras que el Ayuntamiento asume una inversión de 860.000 euros.
Durante el inicio de las obras, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, calificó la jornada como "muy especial", aunque lamentó que las arcas municipales tengan que asumir parte del coste. En este sentido, recordó que en el pleno celebrado el 31 de octubre de 2025 se presentó una alternativa que, según sus palabras, no suponía gasto para el Consistorio y que fue rechazada por la oposición.
El regidor señaló que, de haberse aprobado aquella propuesta, los 860.000 euros que ahora aporta el Ayuntamiento podrían haberse destinado a otras mejoras urbanas, como el asfaltado de calles o la reparación de aceras. Asimismo, añadió que ese planteamiento incluía también la renovación de las piscinas de Ángel Pestaña.
El regidor destacó además que el proyecto actual, con un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá reabrir unas instalaciones cerradas por motivos de seguridad. Según indicó, se trata de una actuación de gran envergadura que aborda el deterioro acumulado por la falta de mantenimiento durante años.
Entre las mejoras previstas figuran la renovación completa de los vasos de las piscinas, las zonas de playa, la estructura del edificio y la cubierta, así como la impermeabilización de las instalaciones. También se sustituirá íntegramente el sistema eléctrico, adaptándolo a las necesidades actuales.
Por su parte, la coordinadora de la Junta de Castilla y León en El Bierzo, Rosana Velasco, subrayó que esta actuación refleja el compromiso del Ejecutivo autonómico con Ponferrada. En su opinión, se trata de una intervención prioritaria que permitirá recuperar un equipamiento público en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y eficiencia.
Críticas del PSOE
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada ha cuestionado el inicio de las obras, al considerar que llegan con retraso tras dos años con las instalaciones cerradas.
Los socialistas critican lo que califican como "demoras, falta de planificación y una gestión ineficaz", y sostienen que la actuación podría haberse llevado a cabo durante el primer año de mandato si el equipo de gobierno hubiera aceptado su propuesta en el pleno del 1 de septiembre de 2023, en el que se debatía el uso de los remanentes municipales.
El portavoz, Olegario Ramón, asegura que existían recursos económicos suficientes para acometer la obra entonces, por lo que rechaza que la oposición sea responsable del retraso. Según explica, su grupo no se opuso a la reforma de las piscinas, sino al modelo planteado, al considerar que suponía renunciar a exigir a la Junta de Castilla y León la financiación íntegra del proyecto.
Desde el PSOE apuntan además que la intervención anunciada ahora es, en esencia, la misma que se planteó hace dos años, aunque con cambios en la financiación. En este sentido, destacan que la aportación autonómica será mayor y que se ha descartado, según indican, un sistema que comprometía inversiones futuras en alumbrado durante una década.
A su juicio, el resultado final implica que los vecinos de Ponferrada tendrán que asumir una parte relevante del coste de una obra que, recuerdan, la Junta se había comprometido a sufragar en su totalidad. Por ello, concluyen que el inicio de los trabajos no responde a un logro del equipo de gobierno, sino que pone de manifiesto una gestión fallida.