El movimiento ecologista de León, representado por las asociaciones Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, ha presentado recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta de Castilla y León que pretenden permitir la ganadería y la caza en los montes incendiados el pasado verano en la provincia.
Las organizaciones denuncian que esta decisión llega apenas medio año después de la mayor catástrofe ambiental registrada en León, cuando los incendios del mes de agosto calcinaron casi el 10% de toda la superficie forestal de la provincia, afectando además a espacios protegidos de incalculable valor ecológico.
El pasado 12 de febrero, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, a instancias de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de León dos resoluciones firmadas por el jefe del servicio, Jesús Méndez Fernández, para levantar la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en los terrenos afectados por los incendios.
Esta suspensión está recogida en el artículo 92 de la Ley de Montes de Castilla y León, que establece una prohibición automática durante cinco años con el objetivo de permitir la recuperación de la cubierta vegetal tras los incendios forestales.
La propia ley contempla excepciones, pero únicamente cuando se demuestre la compatibilidad de estas actividades con la regeneración del monte y la restauración del hábitat y de las especies de flora y fauna silvestre.
Sin estudios ambientales ni planes de restauración
Las organizaciones ecologistas denuncian que la Junta no ha realizado ninguna evaluación del impacto ambiental de los incendios, ni ha estudiado sus efectos sobre la flora y la fauna, ni ha elaborado planes de restauración de los montes afectados.
Tampoco se ha convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente, órgano consultivo clave para abordar este tipo de decisiones.
Pese a ello, las resoluciones levantan las prohibiciones de forma generalizada, sin distinción en todo el territorio afectado, para todas las especies cinegéticas —incluida la caza menor— y para todas las explotaciones ganaderas, durante todo el periodo de cinco años previsto en la ley.
Según las asociaciones, las argumentaciones utilizadas carecen de rigor técnico y no justifican la aplicación de las excepciones contempladas en la normativa.
Riesgo de erosión y pérdida de capacidad de regeneración
Los colectivos ecologistas alertan además del enorme riesgo de erosión que pueden provocar estas actividades en terrenos recién quemados.
Tras los incendios, los suelos han quedado desestabilizados y saturados por las intensas lluvias registradas durante este invierno, lo que ya ha provocado pérdidas en su capacidad de regeneración.
En este contexto, consideran que lo prudente sería extremar las medidas de protección y mantener las suspensiones previstas por la Ley de Montes, para evitar que el deterioro del ecosistema continúe.
Las resoluciones también levantan las prohibiciones sin tener en cuenta el régimen de protección de muchos de los montes afectados, algunos de los cuales se encuentran dentro de espacios de la Red Natura 2000, parques regionales, parques nacionales o reservas de la biosfera.
Para las asociaciones, esta decisión evidencia una total desconexión entre las resoluciones administrativas y la obligación de proteger el patrimonio natural, responsabilidad que corresponde tanto al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León como a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.
Los colectivos recuerdan además que los responsables políticos y técnicos tienen la obligación legal de restaurar los terrenos forestales incendiados y recuperar el patrimonio natural afectado.
Sin embargo, denuncian que lejos de impulsar esa recuperación, la Junta pretende priorizar los intereses de sectores muy concretos, en lo que califican como una maniobra electoralista que antepone intereses particulares al bien común.
Por todo ello, Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la vía penal por posible prevaricación ambiental contra los responsables políticos y técnicos, en caso de que sus recursos sean desestimados.