Cuando en julio de 2024 el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, comparecía ante los medios para explicar la situación económica municipal, lanzó un mensaje que buscaba marcar la narrativa del mandato: "El Ayuntamiento de Ponferrada tiene encima de la mesa unas reclamaciones de entorno a los 15 millones de euros, entre la ZBE, Banco Santander con la cuestión del Mundial de Ciclismo, Aquona y FCC… Estamos intentando gestionarlo lo mejor posible, y que, de tener que devolverlo o tener que hacer frente a ello, sea de una manera ordenada y que no nos cause un agujero en el presupuesto municipal». A su lado, el alcalde Marco Morala completaba el discurso con un tono de resignación: «Los presupuestos dan hasta donde dan. Para pagar una cosa, hay que quitar el dinero de otra, y si no se quiere subir los impuestos, habrá que hacer, sobre todo el concejal de Hacienda, encaje de bolillos".
Era el preludio perfecto para justificar un mandato sin margen para cumplir su promesa estrella: la bajada de impuestos. Y para justificar una inacción y un abandono que es palpable. La "herencia recibida" se convertía en el paraguas que todo lo amparaba. Sin embargo, el paso del tiempo ha ido desmontando esa coartada. Así lo explica el Grupo municipal socialista que considera que las cifras reales, las decisiones plenarias y las liquidaciones aprobadas «demuestran que el relato del endeudamiento ha servido más para cubrir la falta de gestión que para describir una realidad contable».
FCC: de 7 millones anunciados a uno
El PSOE pone como uno de los ejemplos más evidentes de esta contradicción el caso de FCC, la empresa encargada del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. "La deuda viene de los compromisos que el PP asume después de la huelga, y ya en aquel momento aplazó la deuda a la finalización del contrato que se produjo en 2023", explica.
El propio concejal de Hacienda aseguraba en 2024 que la deuda con la empresa superaba los siete millones de euros, y que la liquidación del ayuntamiento se parecería mucho a esa cifra, «una deuda que se usó como argumento recurrente para explicar por qué no era posible cumplir las promesas electorales o avanzar en rebajas fiscales». Sin embargo, apenas un año después, en el Pleno del 1 de septiembre de 2025, el Ayuntamiento aprobó una liquidación provisional de 805.787,67 euros, una cantidad muy inferior a la difundida inicialmente.
"La diferencia entre los siete millones anunciados y los menos de un millón reconocidos es difícil de justificar, y todavía más difícil de conciliar con el discurso alarmista de 2024", dicen desde la bancada socialista.La cifra contrasta radicalmente con la supuesta deuda millonaria que el propio gobierno municipal utilizaba para justificar su parálisis. "El resultado va a ser el esperado cuando tú reclamas 7 millones y te despachas con menos de 1 millón: aventuramos que FCC interpondrá una demanda judicial para que sea la justicia quien determine el importe total. Y mientras tanto, el Ayuntamiento no ha hecho ninguna provisión de fondos ante la posibilidad de que el fallo le obligue a pagar más, repitiendo el patrón de siempre: aplazar el problema confiando en que lo resuelva el próximo gobierno", auguran.
"El Ayuntamiento ha hecho de la patada hacia adelante su principal herramienta de gobierno: aplazar lo inevitable, retrasar lo urgente y dejar que el tiempo se encargue de lo que ellos no quieren asumir", critican desde el PSOE. "Cada decisión se convierte en un parche temporal, un aplazamiento calculado para que los problemas estallen en el siguiente mandato".
Aquona: la deuda invisible que crece
El caso de Aquona, la empresa concesionaria del servicio de agua y saneamiento, sigue un guion similar. En 2014, el Pleno municipal aprobó un acuerdo para, supuestamente, poner orden en las cuentas del agua, tras detectar un déficit acumulado de 1.746.175,64 euros correspondiente a las liquidaciones de 2010, 2011 y 2012. Aquel acuerdo comprometía al Ayuntamiento a compensar el déficit actualizando las tarifas cada año conforme al IPC más un punto porcentual, para evitar que el servicio siguiera siendo deficitario. El compromiso se incumplió casi desde el principio. En 2016, la Intervención municipal ya certificaba que el déficit pendiente de compensar ascendía a 1.427.179,76 euros, y a partir de ahí el agujero no dejó de crecer.
"En el mandato anterior se asumió la responsabilidad de afrontar una herencia económica compleja y decisiones aplazadas durante años y ya en 2019 se incrementó en un 9,7 %, la tasa de agua. Esa subida consiguió rebajar la deuda de los ciudadanos de Ponferrada y por tanto los intereses que se pagan por esa deuda", explican. Lo mismo se hizo con la tasa de la basura, suprimida años antes por un gobierno del Partido Popular que, al mismo tiempo, justificó la medida con una subida desproporcionada del IBI. "Un engaño que incluso hasta los actuales concejales del equipo de gobierno han reproducido", califica el PSOE.
Lejos de intentar afrontar el asunto para que la deuda no siga acumulándose, lo único que ha hecho este equipo de gobierno ha sido aprobar en febrero de este año la liquidación del año 2015, la penúltima que es positiva. Aprobando en el pleno de octubre, con cargo al "superávit del canon de concesión": obras menores, tuberías, rehabilitaciones y actuaciones puntuales.
Según la documentación que obra en el Ayuntamiento, el total acumulado de los déficits de explotación es más de 3 millones de euros. Y lo único que provoca congelar los precios durante años es trasladar el déficit al futuro, acumulando una deuda latente que tarde o temprano habrá que reconocer y pagar con los intereses que correspondan.
El PSOE alerta: el equipo de Gobierno está llevando al Consistorio a un "auténtico crack financiero"
El caso de la tasa de residuos es el último ejemplo de esa política de aplazamiento que denuncia el PSOE de Ponferrada «un aplazamiento que antes o después pagarán los ciudadanos con más o menos intereses», vuelve a augurar.
çLa legislación estatal y europea obliga a los municipios a aplicar una tasa específica de basuras que cubra el coste real del servicio, bajo el principio de "quien contamina, paga".
Es una obligación derivada de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada en 2022, que España debe aplicar en todos los ayuntamientos antes de 2025. El propio alcalde aseguraba a finales del año pasado que tendría que ponerla en marcha en abril de este año. Decía que en un estado de derecho la Ley está para cumplirla.
Sin embargo, la pasada semana, el alcalde Marco Morala volvió a confirmar que no tiene intención de implantarla: "No vamos a aplicar una tasa de basura hasta que Pedro Sánchez nos obligue. No tiene sentido cargar más a los vecinos con otro impuesto", decía. "Con esa frase, el alcalde reconocía abiertamente que el Ayuntamiento incumple la ley, y que la decisión de no aplicar la tasa responde a un cálculo electoral, no a una estrategia de gestión. No a un beneficio para la ciudadanía que va a tener que pagar las deudas que se están generando de todas formas", dice el PSOE.
"El resultado es el de siempre: patear el problema hacia adelante, esperar a que otro Gobierno, asuma la responsabilidad que el municipio debería ejercer".
Pero, apunta el partido socialista que la paradoja es evidente: no se trata de una tasa nueva, ni de una subida arbitraria, sino de una obligación legal para cubrir el coste real de un servicio esencial.
Hoy, la basura la pagan los contribuyentes sin discriminar quien genera más residuos y quien menos y la diferencia del coste real que tiene ese servicio se paga con cargo a otros impuestos municipales, restando recursos a inversiones necesarias para la ciudadanía, al mantenimiento o servicios sociales. "Es, en definitiva, una forma de disfrazar el déficit y dilatar un gasto estructural inevitable".
El espejismo de la "felicidad"
Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue destinando fondos a proyectos calificados como «inversión en felicidad», algo que el PSOE critica "son pequeñas actuaciones estéticas, fiestas, cartelería o actividades de relumbrón, mientras se dejan sin resolver los problemas estructurales del municipio". "No es que se pida subir impuestos. Nadie quiere que se suban los impuestos. Lo que se pide -y lo que se echa de menos- es una gestión responsable, que gaste en función de lo que tiene, que ahorre cuando debe y que invierta donde más falta hace», subrayan.
Porque, consideran que "gestionar un Ayuntamiento no es muy distinto de gestionar una familia: cuando alguien no puede pagarse unas vacaciones, no hipoteca su casa para pasar un mes en la playa sabiendo que no podrá devolverlo. Eso no es bienestar. Es pan para hoy y deuda para mañana. Y eso es exactamente lo que está haciendo este equipo de gobierno: gastar el presente a crédito, hipotecando el futuro de Ponferrada".
Consideran que este equipo de gobierno "parece empeñado en conducir al Ayuntamiento hacia un auténtico crack financiero. La ausencia de planificación, la improvisación constante y el derroche en proyectos de escaparate dibujan un panorama inquietante", advierten desde el PSOE.
Porque, no se trata solo del dinero "que hoy se gasta sin control", sino del que mañana "no estará cuando haya que afrontar los déficits acumulados, las deudas invisibles y las obligaciones que ahora se esconden bajo la alfombra".
Alertan de que "la factura llegará -siempre llega- y lo hará con intereses. Quienes prefirieron el aplauso fácil al trabajo serio y la previsión cuando se vayan, dejarán menos margen, más déficit y menos oportunidades, una ciudad más envejecida y más pobre, en definitiva, con menos oportunidades".