Esos cuatro millone largos incluyen gastos extrapresupuestarios que van desde el euro hasta los casi 1,5 millones del servicio de ayuda a domicilio de los meses de enero y febrero, que se prestaron sin contrato en vigor, puesto que la última prórroga del servicio había concluido en diciembre del pasado año y la nueva adjudicataria no se hizo cargo del servicio hasta el mes de marzo. Las facturas relacionadas con el suministro eléctrico suman más de 300.000 euros y las de los servicios de seguridad más de 200.000.Juan Martínez Majo también ha utilizado esta vía para afrontar obligaciones derivadas de compras de material eléctrico o de servicios postales.
El reconocimiento extrajudicial de crédito es un procedimiento legal dentro del funcionamiento de una Diputación, concebido como un mecanismo excepcional de corrección para evitar posibles costes derivados de un procedimiento judicial. Por ello, convertir en costumbre la excepción genera incertidumbre. Las dudas sobre esta parte de la contabilidad de la institución provincial han saltado a la palestra en el pleno provincial por la advertencia del interventor en una Comisión de Hacienda relativa a la aprobación de una nueva modificación de crédito que incluía una partida para unas obras de acondicionamiento en el parking de Santa Nonia, imprescindible para que el Ayuntamiento conceda la licencia ambiental. En relación con esta partida, el encargado de fiscalizar las operaciones de la Diputación advirtió de posibles incumplimientos en la regla de gasto, que obligó a Martínez Majo a solicitar al director general de Tributos y Financiación Autonómica permiso para elevar el techo de gasto y evitar retrasar el pago de subvenciones a los ayuntamientos. La Junta accedió y salvó una situación delicada.La tramitación administrativa también ha recibido críticas de los diferentes grupos políticos que conforman el pleno en alusión a los "problemas" que, en ocasiones, solo encuentran soluciones viables en acuerdos entre las fuerzas políticas. En el pleno celebrado el pasado 31 de mayo la situación se hizo patente con el debate entre el propio interventor y el diputado de Coalición por El Bierzo (CB), Pedro Muñoz, que reclamó al funcionario más «compromiso» tras advertir aquel, sin firmar nada, de los posibles incumplimientos con las exigencias de Hacienda.