Este pasado jueves, el Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo histórico para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Española. El pacto entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) supone un importante avance para todas las víctimas que han denunciado durante décadas los delitos perpetrados en el seno del clero español. Tras una lucha incansable por conseguir que los responsables eclesiásticos asumieran la reparaciones e indemnizaciones correspondientes, las víctimas de pederastia celebran la noticia y confían en el papel clave que va a jugar en el Defensor del Pueblo en las futuras reparaciones económicas.
Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (Anir), explica cómo la decisión acordada por todas las partes supone un importante cambio con respecto a los últimos movimientos que se venían dando. "Pensamos que es un buen acuerdo" reconoce, aunque lamenta como no habrá "justicia para la gente que ha prescrito su caso".
Hasta la fecha, la Iglesia había puesto en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta a los casos que no tenían recorrido legal, bien sea por que el delito ha prescrito o bien sea por la muerte del victimario. A pesar de la buena intención de la iniciativa, la forma en la que se ha constituido la comisión no ha estado exenta de polémica.
Cabe recordar que, en este proceso la propia Iglesia "es juez y parte", como así explicó el ministro de presidencia, Félix Bolaños. Para intentar llevar a cabo un proceso más justo, el Gobierno ha impulsado un nuevo cauce administrativo para que las víctimas que así lo deseen puedan hacer uso de esta nueva vía legal, aunque el sistema de reparación integral de la Iglesia seguirá funcionando de manera complementaria.
Fases del nuevo acuerdo
Este nuevo sistema mixto de reparación tendrá como punto de partida el propio Gobierno de España, que se encargará de la recepción de las solicitudes. Tras analizar la información, cada caso será enviado a la Unidad de Víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo, quién se encargará de elaborar la propuesta definitiva.
Tanto la víctima como el Priva recibirán esta primera propuesta. A partir de aquí, se plantean dos escenarios: si existe conformidad entre las dos partes involucradas, la Iglesia pagará la indemnización, en cambio, si alguno de los implicados muestra su disconformidad, una comisión mixta entrará en juego.
En principio, este comité estará conformado por miembros del Estado,de la Iglesia y entidades que representan a las víctimas. Tras la reunión, se conocerá la decisión final, un juicio donde prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo por encima del de la Iglesia, que se verá obligada a acatar la decisión.
A partir de aquí, la institución eclesiástica responsable de cada caso en particular deberá abonar la cuantía, un aspecto en donde el propio Bolaños ha hecho énfasis: "El estado decide y la Iglesia Católica paga, esa es la clave".
Un respaldo por parte del Gobierno que celebran desde Infancia Robada. "Las posturas del Priva eran patéticas", remarca Cuatrecasas cuando habla en representación de unas víctimas que, en su momento, no se vieron arropadas por una Iglesia que respondió con negativas y evasivas a las primeras denuncias registradas hace varias décadas por las víctimas.
El caso de La Bañeza
"Hay un grupo de víctimas muy vinculadas con La Bañeza que han luchado por que se les reconozcan sus derechos", recuerda el portavoz de la asociación. Con esta declaración, Cuatrecasas vuelve a poner en valor la lucha llevada a cabo por víctimas como Javier para destapar el caso de pederastía que afectó de lleno la Diócesis de Astorga.
Tanto Javier como su hermano gemelo fueron dos de los menores que sufrieron de manera continuada los abusos sexuales ejercidos por parte de José Manuel Ramos Gordón. Hace casi cuatro décadas, el sacerdote ejerció como educador en el Seminario de La Bañeza. Durante diez años, los menores sufrieron de manera continuada los horrores perpetrados por parte de un eclesiásico que permaneció impune a los delitos cometidos durante prácticamente 30 años.
No sería hasta el año 2016 cuando F.L se armaría de valor para denunciar ante el Obispado de Astorga los abusos cometidos por el párroco en su etapa como profesor en el seminario de la Bañeza.
En un episodio de 'Salvados', Javier mostró al mundo su sufrimiento y habló abiertamente sobre un trauma "que le marcó de por vida" tanto a él como a su hermano, que fallecería a los 36 años en un accidente de tráfico "sin haber superado aquello".
Fue precisamente la pérdida de su hermano gemelo uno de las motivos que llevó a Javier a dar un paso al frente y denunciar públicamente a un sacerdote que, pese a todos las pruebas y testimonios que aportaron las víctimas con el paso del tiempo, no sería procesado por los delitos que cometió en territorio bañezano durante más de diez años.
"4.000 euros para una persona que ha sufrido un abuso sexual no es una indemnización, es una limosna"
Cuatrecasas no olvida el papel clave que han tenido en la consecución del acuerdo personas ya fallecidas como, por ejemplo, el hermano de Javier. "No han podido ver el fruto de su lucha", lamenta mientras advierte como, hasta el momento, las cuantías económicas que han recibido algunas víctimas «son una broma de mal gusto». "4.000 euros para una persona que ha sufrido un abuso no es una indemnización, es una limosna",crítica el presidente.
Pese a las dudas que aún persisten antes de la aplicación del nuevo acuerdo, el pacto firmado entre la Iglesia y el Gobierno arroja cierta esperanza en casos como los de Javier y su hermano, olvidados por una justicia ordinaria incapaz de actuar de raíz por la prescripción de los hechos delictivos. Por su parte, las víctimas no olvidan la falta de confianza que han sentido por parte de una Iglesia Católica que nunca condenó de manera tajante los crímenes de párrocos como Jose Manuel Ramos Gordón.
Cabe recordar que, en la actualidad, el sacerdote se encuentra apartado de sus funciones y obligado a residir en un monasterio fuera de la Diócesis de Astorga, una pena que las víctimas consideran insuficiente.