El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno. El recurso fue interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Comunidad el pasado 5 de junio, dentro del plazo legal previsto, y la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo acordó su admisión mediante una diligencia de ordenación fechada el 22 de junio.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, afirmó que, a juicio de la Junta, existen "motivos jurídicos sólidos y suficientemente fundamentados" para cuestionar la legalidad de la norma.
Entre los argumentos recogidos en el recurso, la Junta sostiene que el proceso de regularización tiene una dimensión "sin precedentes", cuestiona que se hayan modificado los criterios seguidos en anteriores procesos extraordinarios y considera que se han flexibilizado los requisitos de acreditación exigidos para acceder a la regularización.
Asimismo, el ejecutivo autonómico argumenta que las comunidades autónomas no participaron en el diseño de la medida pese a ser, según expone, las responsables de prestar servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales. También sostiene que el Real Decreto resulta incompatible con el marco europeo de control migratorio.
La Junta recuerda además que el Tribunal Supremo rechazó el pasado mes de mayo la suspensión cautelar de la norma solicitada en otros recursos presentados por una comunidad autónoma y un partido político. No obstante, señala que el alto tribunal analiza actualmente nuevas solicitudes formuladas por otras dos comunidades autónomas y la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según indicó González Gago, la Junta confía en que, una vez analizado el fondo del asunto, el Tribunal Supremo estime el recurso y declare la nulidad del Real Decreto.