La reciente Sentencia del Tribunal Supremo núm. 675/2026, de 2 de junio, constituye uno de los pronunciamientos más relevantes de los últimos años en materia de ejecución de sentencias contencioso-administrativas. La resolución aborda una cuestión de enorme trascendencia práctica: hasta dónde puede llegar la Administración cuando ejecuta una sentencia firme que ha anulado una actuación administrativa y ha ordenado retrotraer actuaciones.
Aunque el litigio se desarrolla en el ámbito del Catastro y de la valoración de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), la doctrina fijada por el Alto Tribunal trasciende ampliamente el sector tributario y proyecta sus efectos sobre cualquier procedimiento administrativo en el que una sentencia obligue a la Administración a dictar una nueva resolución, rehacer una valoración, repetir trámites o retrotraer actuaciones.
La importancia de la sentencia radica en que el Tribunal Supremo recuerda que la ejecución de una resolución judicial no constituye una nueva oportunidad para que la Administración rehaga su actuación con plena libertad, sino una actividad estrictamente subordinada al contenido del fallo judicial y a las exigencias derivadas de la tutela judicial efectiva y de la cosa juzgada.
Los antecedentes del caso
El asunto tiene su origen en una controversia relativa a la valoración catastral del Puerto de Bilbao.
La mercantil recurrente había impugnado la notificación del valor catastral resultante de una Ponencia de Valores aprobada por la Diputación Foral de Vizcaya para un Bien Inmueble de Características Especiales. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el recurso al considerar que la metodología utilizada para determinar el valor del suelo no respetaba el sistema establecido en la normativa catastral aplicable. Como consecuencia de ello, anuló la resolución impugnada y ordenó la retroacción de actuaciones para que la Administración elaborase una nueva ponencia de valores ajustada al método legalmente previsto.
La sentencia adquirió firmeza y se inició su ejecución
Sin embargo, al elaborar la nueva ponencia, la Diputación Foral decidió otorgarle eficacia retroactiva desde la fecha de aprobación de la ponencia anulada. De este modo, aunque formalmente cumplía el mandato de rehacer la valoración, pretendía que la nueva valoración desplegara efectos sobre ejercicios anteriores, exactamente igual que la ponencia que había sido anulada judicialmente.
La Administración justificó esta actuación en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, precepto que permite, en determinados supuestos excepcionales, otorgar eficacia retroactiva a actos administrativos dictados en sustitución de otros anulados.
La cuestión jurídica planteada
El Tribunal Supremo identifica con claridad la cuestión de interés casacional.
Se trata de determinar si, anulada judicialmente una ponencia de valores y ordenada la retroacción de actuaciones para aprobar una nueva, la Administración puede atribuir a esta nueva actuación efectos retroactivos hasta la fecha de la ponencia anulada cuando la sentencia que se ejecuta nada ha dicho sobre dicha retroactividad.
La cuestión puede formularse en términos más generales: ¿puede la Administración, durante la ejecución de una sentencia, adoptar decisiones que no aparecen expresamente previstas en el fallo y que alteran la situación jurídica resultante de la estimación judicial?
La respuesta del Tribunal es contundente.
La ejecución de sentencias y el respeto a la cosa juzgada
Una parte importante de la sentencia se dedica a recordar la naturaleza específica de los recursos de casación contra autos dictados en ejecución de sentencia.
La Sala insiste en que, en esta modalidad casacional, no se trata de revisar nuevamente el fondo del litigio ni de valorar la corrección jurídica abstracta de la actuación administrativa. Lo único relevante es comprobar si la ejecución respeta o contradice lo que la sentencia firme decidió.
Por ello, el Tribunal recuerda que la finalidad esencial de la ejecución consiste en garantizar la correlación exacta entre lo resuelto y lo ejecutado, evitando que la actividad administrativa o incluso la propia actividad jurisdiccional alteren el contenido material de una resolución firme.
La sentencia realiza una extensa exposición de la doctrina constitucional relativa al derecho a la tutela judicial efectiva, destacando que dicho derecho no se agota con la obtención de una resolución favorable, sino que comprende también el derecho a que la resolución sea ejecutada en sus propios términos.
Desde esta perspectiva, la cosa juzgada no constituye únicamente una garantía procesal, sino también una exigencia constitucional derivada del artículo 24 de la Constitución Española.
La Administración no puede actuar “por su cuenta”
El núcleo argumental de la sentencia se encuentra en la afirmación de que la Administración carecía de habilitación para otorgar efectos retroactivos a la nueva ponencia.
El Tribunal observa que la sentencia firme ordenó rehacer la valoración conforme a la metodología legal, pero no incluyó ninguna referencia expresa ni implícita a la posibilidad de atribuir efectos retroactivos a la nueva actuación administrativa.
Precisamente por ello concluye que la Diputación Foral actuó fuera de los límites de la ejecución.
La Sala utiliza una expresión especialmente significativa al afirmar que la Administración actuó "por su cuenta", es decir, ejerciendo una potestad propia y autónoma que no encontraba cobertura en el fallo judicial que estaba obligada a cumplir.
Según el Tribunal Supremo, cuando la Administración ejecuta una sentencia no puede comportarse como titular de una potestad administrativa ordinaria. Su posición jurídica es distinta: actúa como sujeto obligado al cumplimiento de una resolución judicial firme y debe limitarse a realizar aquello que el fallo le ordena.
Cualquier decisión adicional que altere el resultado práctico de la sentencia supone una vulneración del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales.
Los límites del artículo 39.3 de la Ley 39/2015.
Uno de los aspectos más interesantes de la resolución es el análisis que realiza del artículo 39.3 de la Ley 39/2015.
La Administración defendía que dicho precepto le permitía otorgar eficacia retroactiva a la nueva ponencia al haber sido dictada en sustitución de otra anulada judicialmente.
Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza esta interpretación.
La Sala no niega que el artículo 39.3 pueda operar en determinados supuestos administrativos ordinarios. Lo que afirma es algo distinto: cuando existe una sentencia firme cuya ejecución está en juego, la cuestión ya no depende exclusivamente de las potestades administrativas reconocidas por la legislación procedimental, sino del contenido concreto del fallo judicial.
Por ello concluye que la Administración no puede utilizar el artículo 39.3 como fundamento autónomo para adoptar una decisión que la sentencia no autorizó.
La resolución llega incluso a afirmar que, en una situación de esta naturaleza, cualquier decisión sobre una eventual eficacia retroactiva solo podría venir amparada por el propio órgano jurisdiccional encargado de la ejecución, pero no por una decisión unilateral de la Administración.
Consecuencias prácticas de la sentencia
La doctrina fijada por el Tribunal Supremo posee un alcance que supera ampliamente el ámbito catastral y tributario.
La sentencia refuerza la posición de los ciudadanos que obtienen resoluciones favorables frente a la Administración y limita significativamente la capacidad de ésta para reconstruir retrospectivamente los efectos de actos anulados.
A partir de este pronunciamiento resulta difícil sostener que una Administración pueda, en ejecución de sentencia, introducir consecuencias jurídicas nuevas, reconocer efectos temporales no contemplados en el fallo o adoptar decisiones que empeoren la situación obtenida por quien ganó el proceso judicial.
La resolución constituye, en definitiva, una firme defensa de la tutela judicial efectiva, de la intangibilidad de las sentencias firmes y del principio de seguridad jurídica. El mensaje del Tribunal Supremo es claro: la ejecución de una sentencia no es una segunda oportunidad para la Administración ni un espacio para reconstruir los efectos de actuaciones anuladas. Es, sencillamente, la fase destinada a cumplir exactamente lo que los tribunales ya han decidido.
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