La provincia de León afrontará en los próximos meses la regularización administrativa de entre 500 y 900 personas migrantes, según estima la Subdelegación del Gobierno, gracias al cambio del reglamento de la Ley de Extranjería aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, tras un pacto de Podemos con el PSOE. Una medida que ha generado una avalancha de consultas de las personas beneficiadas y que, según advierten abogados y entidades sociales, supondrá un reto organizativo para las administraciones, pero también un avance clave en derechos, dignidad e integración.
Desde el anuncio oficial, el abogado leonés Jorge Villoria asegura que recibe unas 50 llamadas diarias, principalmente de solicitantes de protección internacional o asilo que habían quedado fuera del sistema tras la última reforma de la ley de extranjería. “La mayoría proceden de Colombia y Perú, aunque también hay personas de Marruecos y Argelia, e incluso nos ha llamado alguien de Vietnam, como curiosidad”, explica.
Villoria augura una "saturación" en la Oficina de Extranjería y en la Policía Nacional, debido a la falta de personal para afrontar tal magnitud de expedientes en apenas unos meses. Según detalla, las solicitudes se admitirán a trámite previsiblemente en los primeros 15 días de abril, y los solicitantes recibirán una autorización provisional de residencia y trabajo, ya que “no se va a resolver en tres meses” y esto ofrecerá garantías a los interesados.
A pesar de que será una tramitación relativamente sencilla, el abogado recomienda contar con apoyo profesional: “Pedir ayuda de abogados o expertos en materia legal sí es aconsejable, sobre todo para gestionar correctamente la solicitud por vía telemática”. En cuanto a los requisitos, aclara que se seguirá exigiendo un informe de antecedentes penales del país de origen, que deberá aportar la persona interesada, aunque desmiente que vaya a cambiar el criterio general, como alertaron desde el sindicato policial Jupol. “No se modifican los antecedentes ni el concepto de buena conducta; se seguirá igual que hasta ahora”, afirma.
Accem niega un colapso del sistema
Por su parte, Daniel Duque, responsable territorial de Accem en Castilla y León, defiende que la regularización no supondrá ningún colapso del sistema. “Hablar de que regularizar a 900 personas en una provincia de más de 450.000 habitantes puede desestabilizar el sistema es no entender el problema. El problema no son los migrantes, sino el acceso y la organización de esos recursos”, subraya.
Duque recuerda que en los últimos 20 años no ha habido procesos de regularización, y que cuando los ha habido “se han hecho con gobiernos de todas las tendencias políticas, y no por ello ha dejado de venir gente”. En este sentido, rechaza de plano el llamado “efecto llamada” del que ya habla la ultraderecha. “Es que la gente ya está aquí y va a seguir llegando igualmente, porque hay necesidad, porque se ven obligados a huir de sus países de origen y porque hay sectores como los cuidados o el campo donde falta mano de obra, porque los españoles no quieren esos puestos de trabajo".
La medida permitirá, según Accem, aflorar economía sumergida y dar cobertura legal a personas que ya están trabajando. “Hay gente que incluso ya está cotizando, pero sigue siendo irregular a nivel administrativo porque su solicitud de asilo está en espera, ni aprobada ni denegada. Ahora veremos cuántos son realmente; hablamos de estimaciones”, apunta Duque.
Dignidad e integración
Desde la entidad social reconocen que la noticia ha generado inquietud, "por cómo se va a plasmar en plazos y requisitos", pero también una puerta a la esperanza. “Todos los días nos llama gente preocupada, pero es una noticia que nos gusta cómo suena. Ahora falta ver cómo se concreta, porque esto condiciona sus vidas”, afirma. “Los migrantes son utilizados por empresarios explotadores, y la principal consecuencia de esta regularización será dotar de dignidad a las personas”.
Accem acompañará a los beneficiarios durante todo el proceso, prestando apoyo jurídico, laboral y social, y advierte contra el uso político del fenómeno migratorio. “Estamos en contra de que la inmigración se utilice como arma arrojadiza. El beneficio de esta medida no es político, es social y laboral, y aporta dignidad”, insiste Duque.
En una provincia marcada por una fuerte sangría poblacional como León, la regularización se presenta también como una oportunidad. “No hablamos de puertas abiertas ni de inmigración descontrolada, sino de ordenar una realidad que ya existe”, concluye. Eso sí, desde Accem reclaman que sea solo el primer paso: “Debe venir acompañado de políticas reales de integración social, laboral y sanitaria, para que estas personas sean parte de la sociedad leonesa y no sigan siendo vistas como extrañas”.