El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la regularización extraordinaria de los migrantes que actualmente se encuentran en una situación de irregularidad en España, así como de todos los solicitantes de asilo que puedan acreditar estar residiendo en el país desde antes del 31 de diciembre de 2025.
El número estimado de personas migrantes a nivel nacional que se encuentran en esta situación es de medio millón, una cifra que en León podría oscilar entre los 500 y los 900 beneficiarios, como así trasladan desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia. Por ubicar esta cifra, cabe señalar que representa, si se toma el dato más elevado de 900 migrantes, tan solo el 0,2% del total de población de la provincia de León, que se ubica en 447.000 habitantes.
En principio, los interesados podrán iniciar los trámites de la solicitud en el mes de abril, un plazo que se extenderá hasta el 30 de junio. Desde el Ejecutivo han asegurado ya que la medida alcanzará a todos los solicitantes de asilo o protección internacional sin excepción, que denunciaban haberse quedado fuera de los beneficios decretados para los migrantes con el último cambio de la Ley de Extranjería en mayo de 2025.
Asimismo, el Gobierno ha confirmado que los hijos menores de edad de los solicitantes de esta regularización también obtendrán su permiso legalizado, una medida a la que podrán acogerse durante los próximos cinco años.
Los requisitos
Cuando comience el plazo administrativo, el Gobierno dará luz verde al proceso de regularización si los interesados adjuntan documentación que verifique su estancia en el país con fecha anterior al 31 de diciembre, como contratos de alquiler, padrón o citas médicas. En este sentido, desde el Gobierno han dado cierto margen para que las 500.000 personas que se espera que pueden acogerse a esta medida extraordinaria sean capaces de aportar pruebas accesibles que demuestren su residencia en España.
Junto a la acreditación de residencia, otro aspecto que el Gobierno mirará con lupa en cada caso es la inexistencia de antecedentes penales, un requisito indispensable que los interesados deberán cumplir para poder acogerse a la medida y que deberán solicitar a su país de origen para adjuntarlo en la solicitud.
Por otro lado, Podemos –formación política que ha pactado con el PSOE esta regularización– ha confirmado que los procedimientos de retorno y órdenes de expulsión de carácter administrativo que puedan estar vigentes en estos momentos serán cancelados con carácter inmediato. De esta forma, el Gobierno podrá dar comienzo a un proceso de regularización que, en ocasiones, suele dilatarse en el tiempo. Cabe señalar también que, para evitar largas esperas en este proceso, desde el Gobierno proporcionarán a las personas migrantes interesadas, en los primeros 15 días de plazo para registrar la solicitud, una autorización de residencia provisional que permitirá a los inmigrantes que se acojan a la medida acceder a derechos fundamentales como, por ejemplo, la asistencia sanitaria. Cuando finalice esta concesión provisional, la persona interesada podrá solicitar la autorización ordinaria conforme a la ley de extranjería.
Cabe recordar que este acuerdo se ha materializado por decreto y tras la lucha activa llevada a cabo por asociaciones y colectivos para conseguir que sus demandas sean escuchadas. Tal ha sido el ahínco de los principales impulsores de esta medida que consiguieron poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha logrado reunir más de 700.000 firmas, además de contar con el apoyo explícito de un sector conservador como es la Iglesia Católica.
Sin embargo, desde el Partido Popular ya han trasladado al Gobierno su intención de recurrir a Europa una medida que, en palabras del líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijoó, «incumple el pacto migratorio europeo». Otro de las consecuencias sobre las que pone el foco el Partido Popular es sobre un hipotético ‘efecto llamada’, un fenómeno migratorio que, según los expertos, «no ha tenido lugar en las regularizaciones de migrantes previas llevadas a cabo por los gobiernos de Aznar o Zapatero».
Beneficio fiscal
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha respaldado la medida con la existencia de diversos informes académicos publicados por las universidades Pompeu Fabra de Barcelona y la Carlos III de Madrid que estiman que esta regularización de migrantes, que ya viven y también trabajan en España en la mayoría de los casos, pero en economía sumergida, «tendrá un beneficio fiscal para todos los españoles por encima de los 4.000 por persona».
Además, la existencia de regularizaciones similares en Italia y Francia ha impulsado al Gobierno a dar luz verde a esta nueva medida que beneficiará a un mínimo de medio millar de personas en la provincia de León.