El Grupo Municipal Socialista de La Bañeza ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) la última sentencia sobre la subida de las retribuciones municipales, que desestimó la demanda presentada por el PSOE y otros grupos de la oposición contra el incremento salarial aprobado por el Ayuntamiento. Los socialistas consideran que existen fundamentos jurídicos para continuar defendiendo su postura y mantienen su rechazo a una subida que califican de "desproporcionada e irresponsable", teniendo en cuenta las características y necesidades del municipio.
El portavoz socialista, Rodolfo Sánchez, ha reivindicado las actuaciones judiciales impulsadas por su formación y ha recordado que los acuerdos plenarios de julio de 2023 relativos a las dedicaciones y retribuciones municipales fueron anulados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, una decisión posteriormente ratificada por el TSJCyL. Para los socialistas, estos pronunciamientos avalan su labor de fiscalización de la gestión del equipo de gobierno.
Asimismo, el PSOE ha destacado el archivo de tres expedientes de modificación de las ordenanzas fiscales relacionadas con el alcantarillado, la depuración de aguas residuales y el abastecimiento domiciliario de agua, después de las actuaciones de los grupos de la oposición. Según advirtieron los socialistas, las modificaciones planteadas podían haber supuesto un encarecimiento cercano al 85 % en los recibos, de manera que una factura anual de 100 euros habría pasado a alcanzar los 185 euros.
Por otra parte, los socialistas han reclamado explicaciones sobre la evolución de la deuda de Aqualia, que, según los datos expuestos por el PSOE, pasó de situarse cerca de los dos millones de euros en julio de 2025 a cifrarse posteriormente en 1,2 millones durante un pleno municipal. La formación ha exigido aclarar el origen de esta diferencia, así como su composición y el tratamiento contable aplicado.
Ante esta situación, Rodolfo Sánchez ha defendido que la labor de la oposición consiste en "fiscalizar la gestión municipal, exigir transparencia y utilizar los mecanismos legales disponibles para defender el interés general". El portavoz ha insistido en "la necesidad de que las decisiones que afectan a los servicios básicos y a las cuentas públicas estén debidamente justificadas y no repercutan de manera desproporcionada en la economía de las familias". Finalmente, los socialistas han asegurado que respetan las resoluciones judiciales, aunque sean desfavorables, pero han advertido de que "seguirán estudiando y ejerciendo las vías legales que consideren oportunas para defender a los vecinos y reclamar rigor y claridad en la gestión municipal".
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