El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha dado la razón al Ayuntamiento de La Bañeza en el conflicto judicial sobre las retribuciones del alcalde y los concejales del equipo de gobierno, aprobadas en el Pleno municipal del 8 de noviembre de 2024. Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la sentencia «desestima íntegramente el recurso presentado por los concejales recurrentes», confirma la legalidad de los acuerdos adoptados y condena a los demandantes al pago de las costas judiciales.
La resolución considera que las retribuciones fueron aprobadas mediante el procedimiento adecuado, respetando los límites legales y con una justificación suficiente de las cantidades establecidas. En este sentido, el Ayuntamiento destaca que el juzgado ha tenido en cuenta tanto la reorganización del equipo de gobierno como la actualización de las remuneraciones fijadas en 2019 por la anterior Corporación, adaptándolas a la evolución del índice de precios de consumo (IPC).
En cuanto al procedimiento seguido, el Consistorio señala que la sentencia descarta irregularidades que pudieran invalidar los acuerdos del Pleno de noviembre de 2024. El expediente municipal contaba con los informes favorables de Secretaría e Intervención, así como con el dictamen de la comisión informativa correspondiente. Además, según explica el Ayuntamiento, la resolución considera que el acuerdo de noviembre permitió subsanar cuestiones formales del anterior, adoptado en julio de 2023, sin incurrir en actuaciones contrarias a la legalidad.
Otro de los aspectos cuestionados durante el procedimiento fue la disponibilidad presupuestaria para afrontar las retribuciones. Sobre esta cuestión, el Ayuntamiento asegura que el juzgado considera acreditada la existencia de fondos suficientes tanto en el ejercicio de 2024 como en los posteriores. Asimismo, la sentencia confirma que el Pleno y la Alcaldía actuaron dentro de sus respectivas competencias municipales.
La resolución también avala la aplicación de las nuevas retribuciones con efectos desde el 1 de noviembre de 2024, ocho días antes de su aprobación en el Pleno, aunque únicamente para aquellos cargos que ya contaban con dedicación o desempeñaban funciones delegadas. De esta manera, según sostiene el Ayuntamiento, quedan respaldadas las decisiones adoptadas en relación con las remuneraciones municipales.
Desde el equipo de gobierno consideran que esta sentencia «aclara las dudas planteadas durante los últimos dos años sobre las retribuciones municipales» y confirma que los acuerdos se ajustaron a la legalidad. El Ayuntamiento subraya, además, que la resolución contiene «una argumentación jurídica amplia y fundamentada» que respalda su actuación, al tiempo que destaca la desestimación de todas las reclamaciones y la imposición de las costas judiciales a los concejales que recurrieron los acuerdos.
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