El PSOE de Castilla rechazó hoy la política de vivienda de la Junta por ser "bastante obsoleta" y acusó a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco,Mañueco, de negar este "gravísimo" problema para tratar de hacer ver que no existe en la Comunidad. "Muerto el perro, se acabó la rabia", dijo la responsable socialista de Vivienda y Fomento, Ana Casado, quien señaló que la prioridad del jefe del Ejecutivo autonómico es la "propaganda electoral".
En una comparecencia en Valladolid, la dirigente del PSCyL señaló que los castellanos y leoneses destinan un 46 por ciento de sus ingresos a la vivienda, ya sea al pago de la hipoteca o el alquiler, junto a los suministros, por lo que consideró es un "problema real" dentro de la agenda ciudadana. Además, aseguró que la Junta no asume sus competencias y que sólo aporta uno de cada cuatro euros, mientras el resto de la financiación procede del Gobierno.
Asimismo, denunció la "mala gestión" de las últimas ayudas del alquiler y su "nefasta regulación" que deja fuera al 30 por ciento de los solicitantes. También criticó que se notifique a los solicitantes los requerimientos a través del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). También criticó que se fije en algunos ámbitos el precio máximo para percibir la ayuda al alquiler en los 550 euros mensuales, lo que ya deja fuera a los que arrienda una vivienda protegida de la Junta.
"Se pueden hacer las cosas mucho mejor", dijo y pidió a la Junta que al menos sea coherente con los módulos de precios que establece para las viviendas protegidas, ya que son superiores al límite que establece en las convocatorias de las ayudas al alquiler. En su opinión, los 550 euros deberían elevarse al menos hasta los 675 euros.
De esta forma, la socialista señaló que la Junta está gobernando "por y para las promotoras, inmobiliarias y grandes fondos de inversión", con subidas de precios en algunas tipologías que supusieron hasta un 40 por ciento. "¿Qué política de vivienda es esta?", planteó. Además, censuró la deslealtad de la Junta que ha negado el convenio que ofrece el Gobierno para el nuevo plan estatal, el blindaje de la vivienda pública, la introducción de mayor transparencia en el mercado.
Por el contrario, Ana Casado señaló que el PSCyL plantea la "activación de lo público", con una orientación social, para convertir a la vivienda en una infraestructura del quinto pilar del estado del bienestar, situando a las personas en el centro. Además, defendió las políticas del Gobierno que triplica los fondos o que pretende luchar contra contra los pisos turísticos de temporada.
Modelo elitista
Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Diego Vallejo, denunció que mientras la Comunidad se desangra demográficamente y es una de las más envejecidas, los jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna. Además, apuntó que únicamente el 14,4 por ciento de los jóvenes de Castilla y León ha conseguido emanciparse desde que gobierna Fernández Mañueco, lo que supone uno de los "peores datos" de la historia.
"La política de vivienda de la Junta es nefasta", dijo el socialista, quien advirtió de que esto se produce por una falta de vivienda asequible y por unos salarios muy bajos. Además, señaló que en el medio rural se agrava la situación porque no hay oferta y tampoco se rehabilitan las existentes. Todo ello, agregó, desemboca en la ausencia de relevo generacional y en que se agrave el éxodo a las ciudades.
Igualmente, Diego Vallejo criticó que la Junta sólo tenga un "tímido" programa de rehabilitación con los ayuntamientos y que gestione el Bono Alquiler Joven "tarde y mal". También recordó que las 1.200 viviendas que promete se están ejecutando con fondos europeos y 54 millones del Gobierno.
"Mañueco está del lado de los lobby de las constructoras y ha dejado de lado a los jóvenes de la Comunidad", agregó para censurar el modelo "elitista" de la Junta. Por el contrario, aseguró que el PSOE de Castilla y León y el Gobierno toma partido por los jóvenes, ya que avanzó que la oferta de vivienda en alquiler de la Junta se duplicará con las nuevas viviendas que se construyen y las que facilitará la empresa pública que promueve el Ejecutivo de Pedro Sánchez.