El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, pidió este martes al Grupo Parlamentario Socialista que “no confunda ni intente confundir” la prioridad nacional establecida en el pacto de gobierno entre PP y Vox y la gestión de la atención de los menores migrantes no acompañados, ante el recordatorio de los socialistas al Gobierno autonómico de que “no son expedientes, ni cifras, ni mercancía política, sino niños vulnerables".
Así lo defendió la vicesecretaria autonómica socialista, Nuria Rubio, en el pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León, en el que preguntó al vicepresidente si la Junta garantiza que ninguna persona será discriminada en el acceso a las ayudas públicas por razón de su origen.
En su respuesta, recogida por Ical, Pollán recordó que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox “es público y no deja lugar a ninguna duda”, ya que aunque establece el principio de prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas públicas, “siempre dentro de la legalidad vigente”, también garantiza que “ninguna persona será discriminada en el acceso a las ayudas públicas por razón de su origen”.
Sin embargo, Rubio recordó a Pollán sus palabras de que las ayudas sociales “deben priorizar a las personas que verdaderamente deben ser tenidas en cuenta”, y consideró que esta frase “retrata” al vicepresidente primero de la Junta porque deja en duda “quienes son las personas que no lo merecen”, y aseguró la procuradora socialista leonesa que “quien vive aquí, trabaja aquí, cuida aquí y contribuye aquí, pertenece a Castilla y León”.
Además, señaló que “una ayuda pública significa llegar a fin de mes, pagar un alquiler, la factura de la luz o la compra de la semana”, por lo que afeó a Pollán que “juegue” con ese derecho porque eso “no es gobernar, sino decidir quién merece ayuda según sus prejuicios y sus odios”.
“Han condenado a las personas migrantes, han anunciado que no colaborarán en su acogida y pretenden repatriar a 164 menores tutelados por la Junta, que no son ni expedientes, ni números, ni mercancía política, sino niños y niñas solos, lejos de sus familias y bajo su responsabilidad”, sentenció.
Asimismo, pidió al vicepresidente de la Junta que no tergiverse el artículo 35 de la ley de extranjería porque esta normativa “obliga a proteger el interés superior de cada menor, escucharle y estudiar cualquier posible retorno caso por caso”. Un regreso que, además, debe ser resuelto por el Estado.
Finalmente, Rubio consideró que “lo grave no es solo que un vicepresidente desconozca la ley, sino utilizar a niños vulnerables para fabricar miedo y enfrentar”, y responsabilizó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de entregar las competencias en materia de ayudas sociales a Vox porque permite “convertir en políticas públicas sus prejuicios y odios”.
Pollán finalizó el debate cuestionando la capacidad de Rubio y los socialistas de “gestionar nada” por “estar en la legalidad mientras le permita adquirir lo que necesita y estar fuera cuando no le permite realizar sus aspiraciones”, citando a uno de los fundadores del PSOE, Pablo Iglesias Posse.
Frente a ello, volvió a defender la prioridad nacional y recordó que “igualdad no es ausencia de requisitos y prioridad no significa discriminación”, porque las administraciones públicas deben “garantizar que ninguna persona sea discriminada en el acceso a las ayudas por cuestión de su origen pero dicha garantía no implica la concesión automática de las ayudas”.
Y es que, para Pollán, estas ayudas deben otorgarse “según criterios objetivos, transparentes y establecidos en sus bases reguladoras”, algo que reiteró que aparece en el pacto de gobierno entre PP y Vox y que se inspira en la prioridad nacional con tres prioridades “muy claras: el establecimiento de un periodo mínimo de arraigo, la exclusión a quienes estén en situación irregular y el acceso a las ayudas vinculado a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema de todos”.
“Cuando se administran recursos públicos necesariamente limitados, se puede tomar en consideración la vinculación efectiva de las personas con el territorio dentro del ordenamiento jurídico”, defendió Pollán, antes de concluir que “los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos son plenamente compatibles con los principios de igualdad y no discriminación. Incluso ustedes lo entenderán”, sentenció.
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