La Plataforma en Defensa del Feve ha dirigido una carta abierta a los representantes políticos, especialmente a los procuradores de las Cortes de Castilla y León, para realizar una serie de aclaraciones sobre las competencias ferroviarias y plantear una posible vía para desbloquear la integración de Feve en la capital.
El colectivo responde de este modo a las intervenciones realizadas durante el pleno de las Cortes del pasado 11 de septiembre, en el que, según expone, se atribuyó al Gobierno de España la competencia sobre la infraestructura. Frente a ello, la plataforma recuerda que el artículo 70.1.8 del Estatuto de Autonomía reconoce como competencia exclusiva de Castilla y León los ferrocarriles que transcurran íntegramente por el territorio de la comunidad, así como los transportes terrestres en esos mismos términos.
A partir de esta disposición, el colectivo diferencia entre la titularidad de la infraestructura y la prestación del servicio ferroviario. La línea forma parte actualmente de la red estatal, pero la plataforma pone el foco en el servicio de Cercanías León-Guardo, cuyo recorrido se desarrolla dentro de Castilla y León. Renfe mantiene actualmente bajo la denominación de Cercanías León la línea C-1 entre León y Guardo.
La principal propuesta incluida en la carta pasa por que la Junta de Castilla y León solicite asumir la infraestructura del tramo tranviario urbano de León, de aproximadamente dos kilómetros, mientras Renfe conservaría la operación del servicio y asumiría la incorporación de los trenes-tranvía necesarios para recuperar la llegada ferroviaria hasta el centro de la ciudad. La plataforma estima en unos 150.000 euros anuales el coste de mantenimiento de este trazado una vez transferido, una cifra que corresponde a sus propios cálculos.
Como referencia, el colectivo señala el modelo del Trambahía de Cádiz, donde los vehículos circulan tanto por infraestructura tranviaria dependiente de la Junta de Andalucía como por vías ferroviarias estatales de Adif. El servicio está gestionado por la Agencia de Obra Pública de la administración autonómica y operado por Renfe Viajeros, incorporándose a la Red Ferroviaria de Interés General en Río Arillo para continuar hasta Cádiz.
La plataforma entiende que una fórmula similar permitiría recuperar el tráfico ferroviario por el tramo urbano leonés sin necesidad de que la Junta asumiera la explotación de toda la línea. La Ley del Sector Ferroviario contempla que determinados elementos puedan ser excluidos de la Red Ferroviaria de Interés General y traspasados a una comunidad autónoma, mediante un expediente que puede promover la propia comunidad o el Ministerio de Transportes y que debe resolver el Consejo de Ministros. La normativa contempla además dotaciones económicas en determinados supuestos de traspaso para garantizar el adecuado estado de la infraestructura.
En su carta, la organización reclama también la adquisición de los trenes-tranvía comprometidos, vehículos capaces de circular tanto por una plataforma urbana como por una línea ferroviaria convencional. A juicio del colectivo, estas unidades permitirían solucionar dos de los principales problemas que arrastra Feve en León: recuperar el servicio ferroviario hasta el centro de la capital y sustituir el actual material móvil.
Finalmente, la plataforma pide a los grupos políticos que centren el debate en las administraciones que, a su entender, pueden intervenir directamente en la solución y rechaza que se traslade la responsabilidad a la Diputación de León. Además, se ofrece a mantener reuniones con los representantes públicos para explicar los aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta.
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