Hay lugares en los que las barreras del peaje se levantan definitivamente. En León, de momento, se siguen anunciando descuentos, estudiando medidas y pagando. Desde este miércoles, 11 de noviembre, los conductores de turismos pueden viajar entre Logroño y Zaragoza sin abonar los 20,70 euros que costaba cada trayecto sin bonificaciones: 41,40 euros de ahorro en un viaje de ida y vuelta. La finalización de la concesión de la AP-68 convierte en realidad una reivindicación que, en las dos autopistas leonesas, continúa pendiente.
El PSOE de La Rioja ha celebrado la liberalización como un «hito histórico» y ha recordado que la concesión debía haber terminado en 2011, pero una decisión del Ejecutivo de José María Aznar prolongó su duración hasta 2026. El Gobierno actual deja vencer ese plazo sin otra ampliación. Ese es el desenlace que todavía no tienen ni la León-Astorga ni la León-Asturias, aunque sus situaciones concesionales sean diferentes.
La AP-68 se suma a una relación de autopistas que han dejado de cobrar durante los gobiernos de Pedro Sánchez. La AP-1 entre Burgos y Armiñón, en Álava, quedó libre de peaje el 1 de diciembre de 2018. El 1 de enero de 2020 siguieron el mismo camino la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-7 entre Tarragona y Alicante, incluido el corredor valenciano. En todos estos casos, el Ejecutivo dejó finalizar las concesiones sin prolongar el cobro a los conductores.
En septiembre de 2021 llegó otra importante eliminación de barreras: la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell y los tramos de la AP-7 entre Tarragona, Barcelona y La Jonquera. La gratuidad transformó varios de los principales corredores de Cataluña y sus conexiones con Aragón y la Comunidad Valenciana. No eran rebajas condicionadas a acumular desplazamientos, sino el final del peaje para todos los usuarios.
Estos precedentes acentúan el contraste con León. Incluso dentro de Castilla y León, los conductores dejaron de pagar por circular desde Burgos hacia el País Vasco por el tramo liberado de la AP-1, mientras las dos autopistas leonesas mantienen sus barreras. La diferencia está en el calendario de las concesiones y, en el caso del Huerna, en una prórroga que impidió que el cobro terminase en 2021.
Descuentos que no levantan las barreras
En la AP-71, los anuncios de rebajas no equivalen a la desaparición del peaje. La Junta acaba de anunciar una partida conjunta de diez millones de euros para 2027 destinada a bonificar cuatro autopistas, entre ellas la que une León y Astorga. Sin embargo, la medida está dirigida a usuarios recurrentes que realicen entre once y cuarenta viajes mensuales. Quien utilice ocasionalmente esta infraestructura seguirá encontrándose con la obligación de pasar por caja.
Mientras tanto, sigue sin resolverse el problema que justificó anteriores compromisos: la presión del tráfico pesado sobre la N-120. El crecimiento del polígono de Villadangos ha incrementado las necesidades de transporte en un corredor donde los camiones atraviesan localidades mientras existe una autopista de pago como alternativa. Los vecinos de las travesías continúan reclamando que se desvíe ese tráfico para mejorar su seguridad y su calidad de vida.
La Junta ya había comprometido su participación en una solución para sacar camiones de la nacional. El anuncio concreto fue una bonificación de hasta el 75% del peaje, vinculada al desvío del tráfico pesado, no una gratuidad general. Años después, aquel plan no se ha materializado y las reivindicaciones siguen siendo prácticamente las mismas, agravadas por el desarrollo industrial y logístico de Villadangos.
El resultado es una contradicción que sufren los habitantes de este eje: el crecimiento económico del polígono añade circulación a la carretera que atraviesa sus pueblos, mientras la alternativa de alta capacidad mantiene una barrera económica. Los anuncios de descuentos para viajeros habituales tampoco resuelven por sí solos esa reclamación de desviar el transporte pesado.
El Huerna y la herencia de las prórrogas
La comparación con la AP-68 resulta especialmente significativa en la AP-66. Ambas arrastran ampliaciones concesionales aprobadas bajo la presidencia de Aznar, aunque con fechas finales muy distintas. El peaje del Huerna debía haber terminado en 2021, pero la prórroga lo prolongó hasta 2050. El decreto de marzo de 2000 lo firmó como ministro de Fomento Rafael Arias-Salgado, poco antes de que Francisco Álvarez-Cascos asumiera esa cartera.
Así, mientras en La Rioja concluyen los años añadidos a la concesión, entre León y Asturias quedan todavía décadas de cobro si no prosperan las actuaciones para anular aquella decisión. La diferencia entre ambas autopistas es decisiva: en la AP-68 ha llegado el vencimiento del contrato prorrogado; en la AP-66 se reclama invalidar la ampliación para no tener que esperar hasta mediados de siglo.
El Principado ha llevado la iniciativa institucional contra esa prórroga. Su Gobierno autorizó en junio el recurso ante el Tribunal Supremo después de que el Consejo de Ministros rechazara su solicitud de revisión de oficio. Un Ejecutivo autonómico encabezado por el PSOE enfrentándose a una decisión del Gobierno central de su mismo partido, con el objetivo de acabar con una carga que perjudica a ciudadanos y empresas.
La Junta de Castilla y León también ha anunciado pasos administrativos y una eventual vía judicial contra la ampliación. Lo hace para combatir las consecuencias de una decisión adoptada por un Gobierno de su propio partido. El acuerdo autonómico contempla solicitar primero la revisión de oficio del decreto y acudir después, si corresponde, a los tribunales. El anuncio todavía no supone ni la anulación de la prórroga ni una fecha para levantar las barreras.
El contraste político deja además una pregunta para el socialismo leonés. La ofensiva del Gobierno asturiano demuestra que compartir siglas con la Moncloa permite también mantener una reclamación y llevarla hasta los tribunales. Esa presión institucional resulta mucho más visible al norte del Huerna, pese a que la factura también la pagan los leoneses y sus empresas.
La AP-68 ofrece desde este miércoles una comparación concreta: un viaje de ida y vuelta que deja de costar más de 41 euros. Antes ocurrió entre Sevilla y Cádiz, entre Burgos y Armiñón y en buena parte de los corredores de Cataluña. En León, las bonificaciones para determinados usuarios y los anuncios de actuaciones legales siguen sin ofrecer ese resultado. Las barreras de la AP-71 y la AP-66 continúan bajadas
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