Finalmente y tras varias reuniones con la firma eólica, la empresa entregó una propuesta que el comité trasladará a las asambleas de los trabajadores este jueves y viernes para ver la opinión de los afectados.
Según Ursicino Sánchez, uno de los componentes del comité, esa propuesta podría descartar los juzgados, pero no quiso avanzar pormenores de la misma hasta no testarla con los empleados.
La situación ha ido cambiando en el último mes, después de que los trabajadores hicieran pública su denuncia. En enero, los empleados denunciaban la cerrazón negociadora de la empresa, que ni siquiera había accedido a llegar a acuerdos con la mediación del Serla.
Aseguraban que se les había modificado sustancialmente las condiciones de trabajo, por lo que habían adoptado la decisión de abrir conflicto colectivo, por la imposición de una jornada laboral flexible «basada en el acuerdo que expiraba el 31 de diciembre –de este año-, y que la empresa se ha negado a negociar», decía el comité. Esas modificaciones horarias, pese a esos avisos de que no podían continuar, siguieron adelante al inicio del año, siempre sin la posibilidad de negociación.
El delegado de USO, Gabriel Garnelo, aseguraba que la modificación horaria fue impuesta «sin negociaciones previas y sin aceptar una sola modificación de su proyecto durante el período de consultas». Recuerda el comité que el problema viene del año 2015, un momento delicado para la empresa, en el que pretendía repuntar las cifras de empleo perdidas y los trabajadores realizaron un esfuerzo para hacerlo.
En aquel momento, el plan de viabilidad de la empresa hizo que los trabajadores accedieran a que los festivos y fines de semana fueran considerados días laborables y se modificaran las turnicidades. Pero, esas condiciones se marcaron para un trienio y debían volver a la situación anterior el 31 de diciembre de 2018.
El sistema aceptado de inicio era temporal, porque los trabajadores veían en él «efectos negativos para la salud laboral de la plantilla que la empresa está obviando por completo a pesar del preocupante aumento de la siniestralidad en la planta». El cambio excede el convenio colectivo, pero la empresa lo ha mantenido hasta ahora que abre una negociación cuyos términos aún no han sido dados a conocer hasta que lo hagan los empleados.
Gabriela llega a juicio
Al conflicto colectivo por la modificación de horarios que han planteado los trabajadores, a la espera de culminar un proceso negociador, se une otro problema laboral en LM, la denuncia de una empleada que fue despedida tras una recaída de una baja laboral.
El juicio finalmente será el 25 de abril en el Juzgado de lo Social, después de que la empresa tampoco accediera a negociar con la particular en el acto de conciliación. La mujer fue despedida tras reincorporarse de una baja y sufrir una recaída precisamente de una lesión de origen laboral. La mujer contó con la solidaridad del sindicato CGT que salió a la calle en protesta por su despido , al tiempo que denunciaba que la política de la empresa es formular despidos «con alevosía y sin ninguna justificación lógica».