La Junta denunció hoy que Castilla y León se ha visto “absolutamente discriminada” por parte del Gobierno en la asignación de fondos públicos para una convocatoria de ayudas a empresas que generen instalaciones de almacenamiento de energía a través de baterías, ya que frente a los 80 millones de euros previstos para Castilla-La Mancha, en el caso de la comunidad esta cifra se reduce a 30 millones.
En el Club de Prensa 'Claves de futuro: Industria, suelo y energía', organizado por El Mundo de Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que se trata de un “abandono” y un “ataque claro” a las posibilidades, a los recursos y a las capacidades energéticas de la comunidad, por lo que hizo una llamada al Gobierno para que rectifique.
En ese sentido, el consejero garantizó que la Junta va a estar “por encima” y va a promover sistemas de autoconsumo, de forma que licitará próximamente las instalaciones previstas para los polígonos industriales de Villadangos del Páramo y Las Viñas, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), ya que argumentó que no puede permitir que las empresas no se instalen en Castilla y León por este asunto. “Vamos a empezar ya”, dijo, para ser autónomos en la generación de energía renovable a través de la eólica, la solar o el almacenamiento.
Igualmente, el consejero puso en valor que la Junta está desarrollando 14 millones de metros cuadrados de suelo industrial en las nueve provincias, con una inversión de en torno a 250 millones de euros, que apostilló “no tiene precedentes”, porque considera que la “mejor receta" para combatir la despoblación es la generación de empleo fuera de las capitales de provincia. Sin embargo, criticó el “abandono” del Gobierno en las demandas lanzadas a Red Eléctrica para que la energía llegue a estos polos industriales.
Al respecto, Suárez-Quiñones aseguró que la “carencia” de una infraestructura adecuada impide que toda la energía que se produce en la Comunidad se pueda aprovechar en el territorio y se exporte a otras autonomías como el País Vasco o Madrid. El consejero lamentó que el Gobierno no atienda una petición histórica de la Junta porque insistió han pasado “siete años” y no ha habido respuesta. “Ellos no están en la gestión y en la resolución diaria de los problemas de los ciudadanos y, por supuesto, no de los de Castilla y León”, dijo.
Por ello, el titular de Medio Ambiente apuntó que Red Eléctrica tiene “supuestamente” un plan estratégico 2025-2030, si bien no ha comunicado cuáles son los objetivos para la comunidad. “Llega tarde”, dijo, porque aunque se ponga en marcha sus actuaciones son para ejecutarse en siete u ocho años o más. “Las empresas de Castilla y León y las empresas que vienen a Castilla y León no pueden esperar”, dijo.
Finalmente, Suárez-Quiñones planteó que la Junta lleva defendiendo esta reivindicación energética desde hace varios años, primero con la exvicepresidenta Teresa Ribera y ahora con Sara Aagesen, sin que haya llegado una solución a los problemas planteados.
“Seguimos sin saber cuál es esa planificación de red eléctrica para Castilla y León”, dijo al tiempo que consideró “lamentable” e “intolerable” que la energía verde que se produce en la Comunidad se consuma en otras comunidades que sí tienen puntos de acceso.