Por una parte, los cuatro ediles de IU encabezados por Eloína Terrón, aseguran que el PSOE "sigue ignorando las sentencias judiciales que obligan a anular el nombramiento de la interventora en la reprivatización del agua, con la posible nulidad de esta ampliación del contrato del agua", por lo que aseguran que el grupo "seguirá exigiendo el cumplimiento" de esta decisión del juez, a la vez que no descartan volver a tomar acciones judiciales para obligar al Ayuntamiento a cumplir la sentencia.
Y es que, según explicaron los ediles, el objetivo es "evitar la subida de tasas de un bien común tan esencial como el agua", puesto que la ampliación del contrato por 15 años y el abono de 4 millones de euros, además de las mejores en el servicio, suponía también un aumento de la tarifa del agua, que fue asumida por el Ayuntamiento por decisión de la alcaldesa del momento, María Eugenia Gancedo.
Después, durante el mandato de Gregorio Chamorro, aunque seguía costando al Consistorio la diferencia, se empezó a estudiar si municipalizar el servicio para volver a gestionarlo desde el Ayuntamiento y también cómo pagar la deuda que se está generando.
"Ante la respuesta negativa de ambos equipos de gobierno y siendo el agua un recurso imprescindible para los vecinos de este municipio, Izquierda Unida continuará con las acciones judiciales pertinentes para proteger el abastecimiento público y velar por que la incompetencia de nuestros gobernantes no la paguen los ciudadanos de San Andrés con subidas de precio en las tasas de agua y un descenso en la calidad del suministro", insistieron los ediles, para los que es "inadmisible el pasotismo del PSOE".
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