El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha dado cuenta este viernes en sesión plenaria del informe encargado a raíz de la denuncia pública del grupo municipal de UPL sobre la existencia de facturas infladas en los suministros para el mantenimiento de vehículos del servicio de Limpieza y Recogida de Residuos.
Los responsables municipales han respondido así a una pregunta planteada por escrito por el portavoz del PP, David Fernández, en la que quería saber el resultado de la investigación sobre este asunto que se había anunciado en la sesión plenaria del mes de noviembre.
“La respuesta es tajante. No existió ningún sobrecoste en las facturas abonadas durante los años 2022 y 2023 y con ello queda zanjada cualquier posibilidad de actuación irregular por parte de los técnicos que licitaron y controlaron estos contratos. Así lo confirma un documento técnico que aclara las posibles dudas que dieron lugar a unas acusaciones que eran infundadas y que le llevaron a usted mismo a mencionar acusaciones de corrupción”, ha indicado Canuria.
De esta manera, ha desmentido la existencia de “irregularidades” en la adquisición de suministros en el servicio de Limpieza y Recogida de Residuos y ha reclamado una “rectificación” de las “dudas” sembradas a raíz de una “falta de diligencia para comprobar los datos antes de realizar las acusaciones”.
El informe concluye que “no existe una mala gestión económica ni mala fe de las empresas proveedoras a la hora de facturar”. “Estas empresas, además de proporcionar temporalmente suministros imprescindibles para la continuidad del servicio, han soportado cargas financieras derivadas del pago de intereses de demora y finaliza diciendo que todos los productos señalados en este informe se encuentran ya incluidos en contratos formalizados entre el Ayuntamiento y los proveedores que han ganado los distintos procesos de licitación”, ha argumentado el portavoz del equipo de gobierno municipal.
A mayor abundamiento, ha insistido en que el informe “da respuesta a todas las acusaciones de sobrecostes” y aclara que “todos los precios fueron conforme a mercado, o incluso por debajo de él”. “Las compras realizadas en el servicio son las estrictamente necesarias para su funcionamiento y que siempre se busca la mejor relación producto-factor, estableciendo unos mínimos de calidad unidos a una disponibilidad acorde a la necesidad. También hay que tener en cuenta que los productos adquiridos deben ser de uso industrial, lo que inicialmente los encarece, pero a la larga ahorran en durabilidad y en averías. No es, por tanto, cierto que exista un sobrecoste artificial en la facturación”, ha agregado Canuria dando lectura al informe técnico.
Como ejemplo, el edil socialista se ha referido al AdBlue, un líquido que sirve para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos de diésel. “Se adquirió a un precio de 0,38 euros el litro en 2021 y 2022, y a 0,45 euros a partir del inicio del contrato en 2023. Es, por tanto, falso que se adquiriera el producto a 2,66 euros por litro. El error parece que viene de una incorrecta interpretación de la factura al tomar como precio de referencia para cada depósito de 1.000 litros 2.660 euros cuando este importe se refería a siete depósitos de 1.000 litros”, ha detallado Canuria.
Y también se ha referido a las baterías de los más de cien vehículos de diferentes tamaños (desde utilitarios a pesados camiones de recogida de residuos) con los que cuenta el servicio. “Estos vehículos vienen dotados, en muchos casos, de dos o tres baterías en función de la potencia de arranque necesaria o de la instalación de elementos auxiliares como compresores o esparcidores de sal. Aunque en los últimos años se ha favorecido la reposición de estos vehículos, la mayoría supera su vida útil, lo que conlleva un mantenimiento más caro y complejo y un mayor deterioro de las baterías de los mismos. Los costes de estas baterías han oscilado en 2020 y 2021 entre los 66,5 y los 182,65 euros por unidad. Sí qué es verdad que en 2023 estos precios se incrementaron, adquiriéndose alguna batería por encima de los 300 euros, pero también hay que recordar que están entrando en funcionamiento vehículos nuevos con tecnología start-stop que requieren de baterías más potentes, de nueva tecnología y de mayor coste”, ha detallado el portavoz del equipo de gobierno.
En cuanto a la batería de moto, el informe aclara que, pese a que esa es su denominación para la factura, su uso es el de suministrar energía a los motores de arranque de los compresores de los hidrolimpiadores del servicio, que requieren especificaciones concretas, como mayor potencia de arranque, lo que eleva su coste.
Finalmente, el informe refleja que la formulación química de los disolventes industriales hace que su coste varíe enormemente entre unos y otros, pero también su eficacia y el tiempo que un operario dedica a una limpieza concreta. “Por eso, es fundamental para el equilibrio económico del servicio contar con los mejores productos a fin de optimizar la mano de obra. De estos disolventes, utilizados en la retirada de grafitis, se está haciendo un mayor uso desde 2023 al incrementarse esta actividad de limpieza desde ese año ya que, anteriormente, se realizaba desde el servicio de Obras”, ha agregado Canuria.
En definitiva, el equipo de gobierno defiende que actúa en todo momento “con la máxima transparencia y siempre con la voluntad de facilitar cuanta información demanda la oposición sobre cualquiera de los expedientes municipales”.
“Si este equipo de gobierno realiza una gestión responsable y con voluntad de acuerdo como se refleja en la práctica totalidad de expedientes que traemos a votación a este pleno, que se aprueban de manera unánime, también demanda un plus de responsabilidad a la oposición a la hora de realizar su tarea. La crítica política es tan legítima como necesaria. La fiscalización, también, pero es necesario afirmar las cosas con el soporte correspondiente de la documentación que obra en los expedientes, que es obra de los técnicos y cuando se pone en duda se descalifica su trabajo, valía y legalidad”, ha aseverado el edil socialista antes de insistir en que “ni hay caso ni hay facturas infladas ni descontrol en los precios de contratación”, aunque también a la mentado que “por el camino se ha puesto en tela de juicio el trabajo de técnicos, concejales e incluso de empresas leonesas sin necesidad alguna.
“Creo que todos los representantes que realizaron críticas infundadas deberían realizar ahora una rectificación a la vista de los informes que, claramente, podrían haber solicitado previamente”, ha concluido Canuria.