El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León pidió este jueves la dimisión del concejal de Hacienda y Promoción Económica, Carmelo Alonso, tras detectar “irregularidades graves” en la contratación municipal por parte del equipo de Gobierno en el mantenimiento de la flota de vehículos.
Concretamente, el Grupo leonesista acusó Carmelo Alonso, de aprobar y llevar a pleno “facturas infladas hasta un 35 o 40 por ciento respecto a los precios de mercado habituales, sin expediente de contratación y con el reparo reiterado del interventor”.
Así lo denunció el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, acompañado por los concejales Teresa Fernández y Isidro Ferrero, quienes exigieron al alcalde de León, Jose Antonio Diez, la “dimisión inmediata” de Alonso, al tiempo que advirtieron que, “si no hay una explicación razonable”, no descartan acudir a Fiscalía “por presunta malversación de fondos públicos y cohecho”.
De acuerdo con las cifras aportadas por los leonesistas, entre 2022 y 2023 se adquirieron 41 baterías para una flota municipal compuesta por 75 vehículos, que, en el caso de las industriales, se facturaron a 274,45 euros, cuando en cualquier taller se venden a 210 euros, mientras que las de moto a 162,37 euros, pudiendo conseguirse en el mercado entre 74 y 90 euros.
Otro ejemplo puesto por UPL hizo referencia a la compra de AdBlue, un aditivo diésel necesario para reducir emisiones contaminantes, que el Ayuntamiento pagó 2,66 euros por litro, más del doble del precio registrado en los años mencionados, y muy lejos de los 0,60 actuales.
También, apuntaron al precio de cinco litros de disolvente, por un total de 29,23 euros y un precio de 5,85 el litro, cuando su precio en el mercado es de 4,59 euros, y a una lijadora adquirida a 382,57 euros, cuyo precio puede ser de 176,65 euros.
Los leonesistas centraron el foco de su denuncia en “la reiteración de compras a una misma empresa de recambios”, Radiadores Palacios, “siempre sin publicidad ni libre concurrencia, vulnerando los principios básicos de transparencia”.
Los expedientes llegaron al Pleno como reconocimientos extrajudiciales de crédito y fueron aprobados con el voto a favor del Partido Socialista, la abstención del Partido Popular y los votos en contra de UPL, y “en todos consta el reparo del interventor municipal, que advertía de la obligación de tramitar contrato y publicitarlo en el perfil del contratante”.
“Queremos saber por qué no hay expedientes de contratación, por qué siempre se compra a la misma empresa, por qué no se solicitan descuentos propios de estos suministros y por qué se están engordando los precios”, finalizó Eduardo López Sendino.