España combate la adicción a las apuestas con la autoexclusión

En el Programa de Juego Responsable, diseñado por la DGOJ (Dirección General de Ordenamiento del Juego) para el período 2019-2020, se comenzó a considerar la ludopatía como una afección psicológica real. De esta manera, se volvió posible tomar medidas más concretas para prevenir y controlar los riesgos de los problemas relativos al juego desde una perspectiva médica y judicial. Este proyecto cuenta también con el aval del CAJR (Consejo Asesor de Juego Responsable), organismo creado en el año 2013 como consecuencia de la proliferación de las apuestas ilegales y el uso indebido de la banca.

Los usuarios de los casinos online se han incrementado sostenidamente en los últimos años. Tanto es así que, según los índices de la DGOJ, solo el juego virtual de ruleta en vivo ganó 30 millones de nuevos apostadores en el período 2017-2018. De esta manera, se vuelve imperioso encontrar casinos, tanto tradicionales como en línea, que cumplan con los requisitos establecidos por las entidades reguladoras. El juego seguro y confiable garantiza no solo que los usuarios pueden acceder a sus premios de manera real, sino también que se puedan prevenir problemas comunes de la web, como el robo de identidad, el phishing, y la duplicación de datos bancarios. Se puede encontrar una lista explicativa sobre los casinos online, la diversidad de los juegos y los sistemas de seguridad en esta página.

Con la reclasificación de la ludopatía, la DGOJ y la CAJR dan un paso adelante en el cuidado de los usuarios del juego; además, reafirman su compromiso social en pos de defender los intereses y la integridad de los consumidores de servicios. En este marco, se están desarrollando estrategias informáticas para identificar a los jugadores con problemas de adicción, y así prevenir el desarrollo de desórdenes psicológicos mayores.

Dentro de las medidas se encuentra la inspección del RGIAJ (Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego), plataforma en la que se asientan los datos de los jugadores con problemas. Se trata de un mecanismo de autoexclusión, donde los usuarios que han identificado conductas patológicas en el juego pueden tomar el primer paso para alejarse, o al menos regular el tiempo y el modo de uso. En similar sintonía, existe en León un sistema para que los jugadores compulsivos se apartar de los casinos tanto físicos como virtuales; las personas registradas, que a mediados de 2018 ya eran más de 600, quedan impedidas de ingresar en los casinos por un plazo mínimo de seis meses.

Las medidas proactivas de la DGOJ están alineadas con las políticas de estado propuestas por el nuevo gobierno, según se da a entender en los puntos del reciente acuerdo entre PSOE y Podemos. Según este tratado, será del interés de las instituciones públicas el establecimiento de un límite horario en los casinos (se propone que abran a partir de las 22 h.), así como también restringir su locación a zonas alejadas de las escuelas. El objetivo que se intenta buscar es desalentar el juego compulsivo y prevenir que los menores apuesten.

La DGOJ está trabajando en un estudio de datos del registro del RGIAJ para sistematizar las problemáticas más comunes entre los usuarios y proponer soluciones tentativas. También está diseñando un sistema de identificación de potenciales fraudes. Esto responde a los numerosos casos de robos de identidad y phishing, que son problemas significativos que afectan no solo a los casinos online sino a todas las actividades que involucran relaciones virtuales. La DGOJ señaló que esta medida se suma a los controles sistemáticos que esta institución ha estado llevando a cabo; con esto se intenta enfatizar el interés de la industria en cuidar a los usuarios y fomentar el uso responsable del juego. Esto resulta particularmente importante en el actual contexto político, donde los sectores más intransigentes intentarían promover más restricciones en los casinos, tal como ocurre en países como Uruguay y Rusia.

La medida de autoexclusión propuesta por la DGOJ fomenta la resiliencia entre los apostadores; parece estar orientada a desalentar la punición y a alentar el reconocimiento de los propios problemas para poder superarlos. Sin dudas, se trata de un programa ambicioso y que aún se está gestando. Posiblemente, si se lo uniera a un plan de salud pública, su alcance sería mucho más profundo e inclusivo, al tiempo que se propondría una cooperación integral entre el sector privado y el estado. Sea como sea, es indudable que la ludopatía es un problema real de la sociedad española y debe ser tratado con seriedad.