Ecologistas en Acción denunció este martes una supuesta “manipulación política” en la evaluación del estado del lobo ibérico que pretenden, indicó, los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León en el informe sexenal del cánido que se debe enviar a la Comisión Europea. A su juicio, “carecen de justificación científica suficiente” y buscan “construir artificialmente un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo”, según recogió Ical.
La organización ambientalista explicó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) reconoce que “muchos de los datos autonómicos contienen incoherencias, errores y problemas metodológicos que ni siquiera permitirían su validación ante la Comisión Europea”.
Ecologistas en Acción consideró “especialmente grave” la “minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella”. De igual forma, las cuatro administraciones, prosigue, “invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del Lespre, lo que supone la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación, concretamente de 77 individuos”, cifró la organización.
“La ciencia de la conservación no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas. Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats”, afirmó el coordinador del Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber.
Entre las alegaciones presentadas, la organización destacó la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste ibérico, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que ha caído en saco roto. Ecologistas en Acción recordó que los incendios forestales de gran intensidad, “además de provocar mortalidad directa de individuos, supone pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, comprometiendo la viabilidad de las poblaciones y reduciendo aún más su número y el intercambio genético”.
A su juicio, la situación del lobo en España “dista mucho de poder considerarse favorable” y cuestionó la “presión política y legislativa” por parte de comunidades autónomas y de “determinados partidos políticos con intereses concretos, ejercida en los últimos años para rebajar la protección legal del lobo”. Al respecto, recordó que las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del lespre han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.
Informe sexenal
La elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por lo tanto, señaló, estos informes “no pueden quedar subordinados a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible, como pretenden las comunidades autónomas”.
Como establece la Ley 40/2015 y el propio Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, las decisiones de este órgano pueden adoptar la forma de acuerdos o recomendaciones, “pero ello no altera la obligación del Estado de remitir a la Comisión Europea información objetiva, completa y científicamente fundamentada”. Por ello, Ecologistas en Acción denunció el “intento de convertir la Conferencia Sectorial en un instrumento para condicionar o desvirtuar la evaluación técnica del estado de conservación de la especie”.
La organización ecologista exigió que el informe sexenal mantenga la consideración del “estado de conservación desfavorable” para el lobo ibérico y reclamó que cualquier evaluación “se base exclusivamente en información científica sólida, transparente y coherente con el principio de precaución y alejada de intereses políticos y de sectores económicos”.