El comité de empresa de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en León ha denunciado públicamente la política de “desmantelamiento” del empleo público en el sistema de protección de menores de la provincia. Según la organización, la administración autonómica estaría ejecutando de forma sistemática la supresión de puestos de trabajo, una medida que consideran "perjudicial" para la atención a los menores.
En concreto, el comité alerta de la eliminación de plazas de técnico/a de menor en la Residencia de Protección de Menores Suero de Quiñones. A su juicio, esta decisión supone un “grave retroceso” en la calidad del servicio, recordando que en 2023 ya se produjeron tres despidos en esta categoría profesional, lo que habría afectado tanto a la plantilla como al funcionamiento del centro.
Además, denuncian que plazas de nueva creación permanecen sin cubrir, "lo que mantiene las plantillas bajo mínimos y aumenta la presión sobre los trabajadores". Esta situación, sostienen, "no es puntual, sino parte de una estrategia más amplia de amortización de empleo público, acompañada de despidos en otros centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León".
El comité advierte de que "la reducción de personal está teniendo consecuencias directas en la calidad asistencial, al incrementar la carga de trabajo y dificultar la atención educativa, emocional y social de los menores". Subrayan que estos centros atienden a menores en situación de vulnerabilidad, que requieren una intervención profesional “especializada y estable”.
Asimismo, critican "la política de recortes y externalización de servicios", señalando como ejemplo el cierre en 2021 del centro de protección El Alba, que dejó a colectivos vulnerables en una situación de mayor desamparo.
Finalmente, el comité de empresa acusa a la Junta de Castilla y León de priorizar decisiones que “empobrecen la atención directa y precarizan las condiciones laborales”, y reivindica que la protección de la infancia es una responsabilidad pública irrenunciable. En este sentido, advierten de que eliminar recursos públicos "equivale a renunciar a los derechos de los menores y reclaman una apuesta firme por el fortalecimiento de los servicios públicos".