El Comité de Empresa de Familia e Igualdad de Oportunidades, junto a sus trabajadores, denuncia el rechazo ante el despido de tres técnicos del menor de la Residencia de Protección de Menores Suero de Quiñones. En total, 25 personas han sido despedidas en la comunidad por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, denuncian en un comunicado.
El Comité de Empresa considera que la medida es "injusta y arbitraria" y señala que la Gerencia "está haciendo creer" a las personas afectadas que "se trata de una medida derivada del nuevo convenio colectivo", algo que el Comité señala que es "completamente falso".
"No es la primera vez que el Comité de Empresa tiene que enfrentarse a una Gerencia sin escrúpulos teniendo como telón de fondo la Residencia de Menores El Alba de Santa María o ahora la Suero de Quiñones", critican. En el comunicado apuntan a que "la intención de amortizar un determinado de plazas del grupo II para poder incorporarse a la nueva categoría, en ningún momento pasaba por despido del personal".
Y es que, el Comité añade que la Junta de Castilla y León está contratando nuevo personal a la vez que despide a los técnicos del Centro de Menores "por circunstancias de la producción, por el incremento de la actividad que genera un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere". "Por si fuera poco, afirma con total descaro que los contratos nuevos los hace debido a la acumulación de tareas", explican. "Es decir, contrata personal porque considera que hay un aumento de tareas que requieren reforzar el empleo estable disponible y a la vez despide a gran parte de este empleo estable, basándose en que se produce un desajuste en la plantilla, que está provocando al realizar dichas contrataciones de manera arbitraria sin haber hecho un estudio previo de las necesidades reales de personal que precisa el Centro de Menores".
El Comité de Empresa considera que todas las categorías de los centros de menores son "necesarias, compatibles y complementarias" y por ello el solicitan la rectificación de esta medida. "Los Servicios Sociales públicos deben garantizar la mejor atención posible a los menores".