CEOE Castilla y León reclamó hoy estabilidad normativa y protección a las empresas para crear empleo ante los datos de empleo en la Comunidad correspondientes al mes de julio que, indicaron, “reflejan un estancamiento en la evolución positiva del mercado laboral observada en los últimos meses”. Por ello, en un comunicado recogido por Ical apelaron a la prudencia ante la evolución de la economía y el impacto que esta pueda tener sobre el empleo en Castilla y León.
A pesar de tratarse de un mes “tradicionalmente favorable” para el mercado laboral gracias a la campaña estival, lamentaron que el número de parados registrados en julio en Castilla y León aumentó un 0,71 por ciento respecto al mes de junio, lo que supone un incremento de 685 personas. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en julio fue de 1.004.360 personas, lo que representa un incremento de 5.619 afiliados respecto a junio y un aumento del 0,56 por ciento.
Ante estas cifras, desde CEOE Castilla y León pusieron en valor el esfuerzo “constante” del tejido empresarial para mantener y generar empleo, "a pesar de las dificultades derivadas de un entorno marcado por la incertidumbre económica, la inseguridad normativa y una presión reguladora creciente, factores que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas", añadieron.
Por ello, para consolidar los avances en el empleo y frenar su desaceleración, consideraron “imprescindible” evitar la proliferación de anuncios de cambios normativos a nivel nacional que, aseguraron, “generan incertidumbre, rigidez y un aumento de costes para las empresas”. “Estas medidas reducen la capacidad de adaptación de las compañías y de las personas trabajadoras ante un entorno en constante cambio”, sentenciaron.
Estabilidad normativa para generar empleo
“Las empresas necesitan previsibilidad, seguridad jurídica y marcos regulatorios estables que les permitan operar con garantías”, subrayaron desde CEOE. En este contexto, la reciente aprobación del Real Decreto-ley sobre la ampliación del permiso parental, sin el debido diálogo con los interlocutores sociales, “constituye un nuevo ejemplo de una dinámica preocupante que margina el modelo de concertación social, clave en la estabilidad económica y social de España desde el inicio de la democracia”.
Esta forma de proceder, recalcaron, se produce en un contexto “especialmente sensible” para el tejido productivo del país. “Las empresas españolas afrontan ya una elevada presión, con una tasa de absentismo sin precedente, una caída de la productividad por ocupado del 0,7 por ciento en el segundo trimestre; una propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas semanales que no tiene en cuenta la diversidad sectorial ni la realidad de convenios y plantillas; una alta fiscalidad que merma la competitividad de las empresas fuera de nuestras fronteras; y la imposición de obligaciones continuas, como los pretendidos cambios del registro horario y la creciente burocracia, que ahogan especialmente a las pymes y autónomos”, concluyeron desde CEOE.