El pasado mes de abril, el BOE publicaba una disposición que buscaba cambiar por completo el panorama de la caza del lobo en las zonas ubicadas al norte del Duero. Desde 2021, la práctica estaba prohibida a nivel nacional por la inclusión del animal dentro de la lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE). Antes de esa fecha, algunas comunidades autónomas tenían permitido cazar al cánido. Una de ellas era Castilla y León, firme opositora por aquel entonces a la puesta en marcha de una modificación legislativa que afectaba de lleno a los cazadores y ganaderos de la región.
Ahora, con la reciente modificación de la Ley de Desperdicio Alimentario, la caza vuelve a ser legal en todos los entornos ubicados por encima del emblemático río. Una normativa que fue aprobada gracias al apoyo de varios grupos parlamentarios, entre los que se encuentra Vox, PNV, Junts y el PP. Fue precisamente el Partido Popular uno de los principales impulsores de esta iniciativa, justificando que la medida buscaba “controlar el impacto que la especie está produciendo en las explotaciones ganaderas”. Este pasado 24 de junio, la UE entró en juego y puso sobre la mesa la posibilidad de extender la desregularización al sur del país, una medida que el organismo europeo pretenden aplicar más pronto que tarde cuando ni tan siquiera en el norte se tiene del todo claro si es legal cazar al animal desde hace meses. En su hoja de ruta está que el próximo 14 de julio todos los territorios europeos apliquen un cambio que degradará al lobo de “"especie estrictamente protegida" para pasar a figurar simplemente como "protegida".
El cambio de rumbo en torno a la protección del lobo marcado por Europa no ha venido exento de polémica. El pasado 22 de junio, cerca de 1.500 manifestantes recorrieron las calles de Madrid exigiendo de nuevo la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Dos visiones enfrentadas que ahora mismo están a la espera de ver cómo se aplica de manera práctica una ley que, a día de hoy, deja más dudas que certezas.
Miguel Fierro, delegado provincial de la Federación de Caza de Castilla y León, explicaba como la modificación de la Ley de Desperdicios Alimentarios no ha implicado el regreso inmediato de la caza del lobo a tierras leonesas. A pesar de que el animal ya no es una especie protegida, los trámites burocráticos y los largos tiempos de espera que siempre van de la mano de la modificación de cualquier ley han impedido a los cazadores desenfundar sus escopetas con plenas garantías. A nivel nacional, sucede algo parecido. A cuentagotas aparecen en el mapa las zonas en donde el lobo ha vuelto a ser cazado. Por ejemplo, se han dado casos anecdóticos en Santander durante este año, una situación que dista mucho de la realidad vivida en la provincia estos últimos meses. Fierro explica cómo las administraciones carecen del poder necesario para sancionar tras la modificación efectuada en marzo, pero desde la Federación transmiten un mensaje de “cierta desconfianza” ante las posibles consecuencias que pueda acarrear para el cazador fijar su mirada en el animal.
Confusión ante la situación legal
Para dar el siguiente paso y cazar libre de preocupaciones, Fierro explica cómo es necesario que la administración incluya al lobo como animal cazable, una postura que parece cercana, pero que todavía se encuentra en el aire. Desde el colectivo de caza, abogan por una práctica “regulable” que ayude a mitigar los efectos nocivos que generan los ataques de lobo a las cabezas de ganado. Ya en el mes de marzo, los grupos parlamentarios mostraron visiones enfrentadas en torno a la gravedad del impacto. La popular Milagros Marcos puso sobre la mesa pérdidas millonarias en relación con los residuos de ganado generados tras los ataques, una postura que compartió el líder de la formación, Feijóo, que no dudó en “defender al sector primario” en la “expansión incontrolada del lobo”. Por el contrario, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, calificó la decisión de un “día triste para todos los que defendemos la biodiversidad”. En Castilla y León, en 2024 se contabilizaron cerca de 6.000 cabezas muertas en las cerca de 4.000 incursiones registradas del cánido.
Los próximos meses marcarán el futuro inmediato de la caza del lobo. Con la modificación de la ley tramitada en marzo, solo parecía cuestión de tiempo que el lobo pudiera volver a ser cazable, al menos en el norte del país. Pese a las expectativas generadas, el limbo legal en el que se encuentra el asunto ha generado cierto “malestar” y “confusión” en los colectivos de caza. El delegado provincial de la Federación de Caza de Castilla y León ha incidido en la imperiosa necesidad de defender a los ganaderos frente a los ataques del lobo. Cabe recordar que, según los últimos datos, cerca del 40 % de los lobos ibéricos registrados en la comunidad viven en León, una cantidad que ha aumentado notablemente con el paso de las décadas. De las 62 manadas censadas en 2022 se pasó a registrar 66 con plena actividad en la provincia el pasado 2024, a las que se suman otras cinco manadas compartidas con Galicia, una con Galicia-Asturias y ocho con Asturias.
Para Fierro, la protección del ganadero debería ser el verdadero centro de la conversación. A pesar de lo que pueda parecer a simple vista, la caza del lobo no es especialmente atractiva para los aficionados, sino más bien se trata de una medida necesaria para poner fin a las peligrosas incursiones del animal que se registran a menudo en las zonas rurales. Con la entrada en la ecuación del factor Europa, es posible que todo se acelere de cara al verano. Hasta la fecha, la lentitud burocrática ha echado por tierra el optimismo generalizado con el que se había recibido la ley tramitada en el Congreso hace unos meses.