A 48 horas de que comience la época de riesgo alto de incendios forestales, los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León se han movilizado este miércoles para dar un ultimátum a la Consejería de Medio Ambiente, que ostenta en funciones el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. "Nos enfrentamos un año más a una campaña muy difícil, con muy pocas mejoras respecto al año pasado y tenemos mucho miedo de una campaña que creemos que va a ser horrible", ha afirmado Diego Fernández, coordinador de bomberos forestales de la parte de FSC de Comisiones Obreras.
Los sindicatos CCOO y CGT han sido los convocantes de una concentración ante la Delegación Territorial de la Junta, en la que han puesto el foco en dos problemas principales que agravan las condiciones del operativo contra incendios: la falta de personal con más de un 15% de las plazas de agentes medioambientales sin cubrir, que se suma a la escasez de experiencia de plantillas muy jóvenes que tendrán que enfrentar el fuego por primera vez, y la falta de coordinación en el operativo contra incendios que cada provincia gestiona de una forma distinta.
"Las mejoras que se han implementado son acuerdos que ya estaban pactados de 2022 con lo cual realmente no ha habido ninguna mejora sustancial nueva y nos enfrentamos a una campaña que pinta como la del año pasado, con muchos agentes medioambientales que van a entrar a nuevos y con llamamientos de bolsa que se van a enfrentar probablemente a una campaña horrible, con personal laboral bajo mínimos, con puestos de vigilancia que se caen a pedazos, con bases de camiones que no cumplen con normativa mínima...", enumeraba el portavoz sindical de los agentes forestales de la Junta en León, reconociendo que son "muchos frentes abiertos" y anunciando una querella criminal contra la Junta en Inspección de Trabajo "con nombres y apellidos para que solucionen esta situación".
Desde el sindicato CCOO han explicado que "se ha abierto una bolsa de trabajo de 146 agentes medioambientales en la comunidad, de los cuales 25 van a venir para esta provincia y teniendo en cuenta que en esta provincia hay unos 180 puestos de agentes medioambientales, estamos hablando de que un 15% de las plazas por lo menos están vacantes", ha señalado José Ramón Casado, agente medioambiental y delegado de Comisiones Obreras.
Con la nueva ley de agentes medioambientales y la aplicación de los coeficientes reductores y la posibilidad de una jubilación anticipada, CCOO considera que "el capital humano del que disponía esta administración, en cuanto a experiencia, el tratamiento de estas emergencias va a disminuir en los próximos 10 años entre un 60% y un 80%". Así, José Ramón Casado ha explicado que "a apagar incendios se aprende yendo a apagar incendios, pero vamos a encontrarnos que entra gente con muy poca experiencia, que se va a tener que enfrentar un incendio y a tomar decisiones que no sólo afectan a la evolución del propio incendio, sino que afectan al operativo que participa en ese incendio y podríamos poner en peligro vidas humanas".
Además, los sindicatos convocantes han apuntado a la importancia de defender un "operativo público y coordinado", ya que actualmente no ocurre esto. "No es que tengamos un operativo o que sean tres, parte privada, parte Tragsa, parte pública, sino que son nueve por tres, 27 operativos diferentes, ya que en cada provincia se gestiona de manera diferente, lo cual aboca a problemas de comunicación y eso lastra muchísimo el funcionamiento del operativo", ha añadido Diego Fernández.
Por último, desde CCOO han lamentado el "boicot" a la concentración por parte de la Junta, con unos "servicios mínimos de dos tercios" y ha argumentado, dada la baja movilización en la protesta de este miércoles, que "León es una provincia muy grande y hay mucha gente que no se podía permitir acudir hasta aquí poniendo en riesgo luego el acceso a su puesto de trabajo".
