La plantilla jurídica de profesorado en Castilla y León para el próximo curso 2026-2027 se ampliará con un total de 329 puestos, de los que 93 corresponden a maestros, 220 en Secundaria y 16 en el resto de cuerpos, además de la transformación de 63. Además, se pondrán en marcha 38 unidades en el conjunto de los centros educativos públicos de la Comunidad. Un incremento de puestos marcado por la necesidad de cubrir las jubilaciones que se han producido en el presente curso y que supone avanzar en la estabilidad de los docentes.
La modificación de las plantillas para el próximo curso, a la que ha tenido acceso la Agencia Ical, recoge que la etapa de Secundaria será la más beneficiada, con 220 puestos de nueva creación. Burgos, con 61, y Valladolid, con 41, son las provincias con más puestos de nueva creación, seguida de León (34), Salamanca (24), Ávila (21) y Soria (18). Completan el listado Palencia (10), Segovia (8) y Zamora (3).
En cuanto a los 93 puestos de maestros, León (18), Salamanca (15) y Valladolid (14) son los territorios que más incrementan su plantilla de Primaria. A continuación, están Burgos (13) y Ávila (11) mientras que cierran la tabla Palencia (7), Segovia (5), Soria (8) y Zamora (2). Las nueve plazas creadas en FP se reparten entre Burgos (4), Salamanca y Valladolid (dos en cada caso) y Soria (una). Por último, la Junta aprobó siete puestos en Régimen Especial, con dos en la provincia de Segovia y una en Ávila, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora.
Además, la Consejería aprobará la transformación de 63 puestos en la plantilla jurídica del curso escolar 2026-2027, repartidas entre los 22 de institutos, que dan clases en los institutos, como consecuencia del cambio provocado por la Logse y el salto de los colegios a los IES a los 12 años en lugar de a los 14 como ocurría antes al finalizar la etapa de EGB; los 38 de Secundaria, los dos de FP y uno de Régimen Especial.
La modificación al alza o a la baja de las plantillas jurídicas de los centros no supone ni creación ni destrucción de empleo. Este proceso determina si mantener la plaza, crear aquellas que van a tener continuidad en el tiempo en los centros por la existencia de un número suficiente de alumnos o eliminarlas, si ya no se han matriculado estudiantes desde hace dos o más cursos en las unidades que se suprimen. Por lo tanto, una cosa es la plaza jurídica que se crea y otra la funcional, que es la realidad de la que se ocupa en cada centro.
El proceso de negociación de las plantillas jurídicas de los centros, que comienza a principios de año, busca determinar las plazas existentes en los colegios e institutos para que los funcionarios de carrera de los diferentes cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias puedan obtener esas plazas mediante un concurso de traslados. Es decir, se realiza un análisis de la situación de cada centro y las necesidades de puestos docentes para el próximo curso escolar.
Otros cursos había supresión de puestos por la imposibilidad de mantener las unidades, ya sea por la insuficiencia horaria, la amortización por superar el número de la plantilla funcional o por que no se cubrió en el concurso de traslados. En definitiva, por la falta de alumnos en los centros, básicamente en los pueblos, que es donde, cada año, se cierran aulas.
El sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valoró el balance positivo de la negociación de plantillas para el curso próximo pero asegura que aún hay “mucho margen de mejora”. No en vano, señaló que la negociación de plantillas entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales deben ser una herramienta para mejorar los servicios educativos, al dotar a los centros del personal suficiente para permitir una educación individualizada, centrada en el alumnado y que posibilite desarrollar al máximo sus posibilidades.
De ahí que CSIF apuesta por acercar la plantilla jurídica a la funcional, que es la que realmente está en los centros. Algo que, a su juicio, pasa por establecer un Acuerdo Marco de Plantillas que haga posible solucionar las necesidades concretas de los colegios e institutos de Castilla y León.
El sindicato, según recogió Ical, reclama modificar los criterios de creación o mantenimiento de plazas y unidades en los centros rurales como “política básica para conservar este pilar básico del medio rural para fijar población”. También, insiste en reforzar la atención a la diversidad, con una revisión de la base ATDI de la Consejería, que registra este tipo de alumnado para así crear las plazas necesarias y para que se contemplen todas las necesidades del estudiante y todos los apoyos que reciben. Otro de los elementos a tener en cuenta es la expansión de los estudios de Formación Profesional, que obliga a crear plantillas jurídicas de profesorado.