Un total de 21 asociaciones y plataformas ciudadanas de Castilla y León contrarias a la implantación de plantas de biogás y biometano anunciaron este lunes en Valladolid la presentación inminente de una querella penal contra responsables de la administración autonómica por la gestión y tramitación de estos proyectos.
El anuncio se realizó en rueda de prensa a través de su abogada, Pilar Calvo, quien explicó que la acción judicial se dirigirá contra el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y contra varios jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente. La querella, según detalló, recogerá presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación urbanística, conductas que, de confirmarse, podrían conllevar penas de inhabilitación e incluso de prisión.
Las organizaciones firmantes sostienen que la decisión de acudir a los tribunales se produce tras «agotar todas las vías administrativas posibles». Según explicaron, durante los últimos meses han trasladado al Gobierno autonómico documentación e informes críticos con el desarrollo de esta industria, al tiempo que denuncian dificultades para acceder a los expedientes de los proyectos y para presentar alegaciones durante los procesos de información pública.
Normativa y distancias
Uno de los argumentos centrales de la querella se basa en la normativa aplicada a estas instalaciones. Según indicó, se estaría utilizando la regulación correspondiente al sector porcino -que establece distancias mínimas de 500 metros entre explotaciones-, criterio que, a su juicio, no se estaría cumpliendo en algunos proyectos de biogás actualmente en tramitación.
Además, las asociaciones aseguran que en determinados expedientes tampoco se respetarían las distancias a núcleos urbanos o a infraestructuras como gasolineras. Asimismo, denuncian que varios proyectos carecerían de planes específicos de actuación ante posibles fugas de gas o explosiones.
Otro de los aspectos señalado por la abogada es la falta de justificación previa sobre el origen de la materia prima necesaria para alimentar las plantas y sobre el destino del digestato -el residuo resultante del proceso-, cuestiones que, según denuncian, no se exigirían hasta fases posteriores del proyecto o incluso hasta la puesta en marcha de las instalaciones.
Viabilidad y tamaño de las plantas
También cuestionan la viabilidad económica de algunas de las empresas promotoras. La normativa obliga a abonar una tasa al presentar la solicitud de autorización ambiental integrada, que asciende a unos 2.900 euros más el 1 % del valor del proyecto. Sin embargo, señaló que muchas de estas sociedades cuentan con un capital social cercano a los 3.000 euros y no constan ampliaciones de capital suficientes para afrontar esos costes.
Entre las críticas también figura la dimensión de algunas instalaciones proyectadas, calificadas por las asociaciones como «megaplantas». Según sostienen, en muchos casos no existiría en un radio de 15 kilómetros suficiente materia prima para su abastecimiento ni superficie agrícola en un radio de 30 kilómetros donde gestionar el digestato generado.
En su opinión, permitir la tramitación de estos proyectos sin exigir previamente esa información podría derivar en un futuro conflicto jurídico. En caso de que las plantas obtuvieran licencias pero posteriormente no pudieran operar por incumplir las condiciones exigidas, las empresas podrían reclamar responsabilidad patrimonial a la administración por los permisos concedidos.
Respaldo de 21 asociaciones
La querella cuenta con el respaldo de 21 asociaciones y plataformas de diferentes provincias de Castilla y León. Los colectivos firmantes son: Asociación Arba León; Asociación Avedillo En Pie; Asociación Biogás Así No, Jambrina en Lucha; Junta Vecinal Biogás La Antigua; Plataforma Cantalejo Saludable; Plataforma Ciudadana de Pinarejos y la Comarca Oeste; Asociación Cultural Plataforma La Moraña Stop Biometano; Asociación Defendiendo lo Vacío; Asociación en Defensa del Aire y del Agua CEGA de Muñoveros y Grupo Yanguas; Asociación EslaVida; Asociación Granja Respira; Asociación Hornija-Bajoz de Pedrosa del Rey; Plataforma Melgar de Abajo Saludable; Asociación Olmedanos por la Defensa de su Territorio; Asociación Payuelo Libre (Ayuntamiento de El Burgo Ranero); Asociación Pueblos Sanos; Asociación Pueblos Vivos; Asociación Sanfonpi En Pie; Plataforma Stop Biogás Montemayor de Pililla; Asociación Stop Biogás Vidriales; y la Plataforma Yanguas de Eresma.
Los colectivos sostienen que su objetivo es «defender la salud, el medio ambiente y el futuro del medio rural» ante lo que consideran una expansión descontrolada de proyectos de biometano en Castilla y León. La presentación formal de la querella está prevista en los próximos días ante los tribunales competentes.