Estas limitaciones del Ministerio de Economía e Industria afecta muy especialmente a las gasolineras y surtidores instalados en las cooperativas agrarias que abastecen a miles de agricultores y ganaderos.
La Alianza UPA-Coag denuncia que en muchos municipios castellanos y leoneses el único suministro de combustible en un radio de acción de muchos kilómetros está en las cooperativas agrarias, por lo que si no se flexibilizan las medidas del Gobierno "muchos surtidores rurales tendrán que cerrar con el perjuicio que ello puede ocasionar para los profesionales del sector agrario".
La Alianza UPA-Coag considera una contradicción que Economía justifique el desarrollo de esta norma en la búsqueda de una mayor seguridad en esas instalaciones, y sin embargo a las grandes multinacionales se les permita el servicio autosuministro de combustible y que éste no se considere desatendido a pesar de que el dependiente esté por ejemplo vendiendo gominolas o barras de pan. La organización apuesta por velar por la seguridad que se requiere en todos los puntos de venta de combustible, pero considera "esperpéntica" la limitación de tiempo y de volumen de suministro, por lo que apoya "la decisión de las cooperativas agroalimentarias de llevar a la Justicia hasta las últimas consecuencias para que se elimine esa imposición".
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